Contraloría adelantó visita a la Ptar Salitre, en la lupa constructores de la planta de tratamiento de residuos en Bogotá

El Contralor de Bogotá Julián Ruiz, visitó la Ptar Salitre, obra que  presenta mas de un año de retraso.

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ptar El Salitre, fue entregada parcialmente al Acueducto de Bogotá (EAAB) en diciembre de 2021 y la entrega final está proyectada para septiembre.

La Contraloría adelantó la visita fiscal ordenada dentro de una auditoría conjunta de las Contralorías General de la República (CGR) y de Bogotá D.C para verificar las condiciones de operabilidad, el estado general de la construcción y de las máquinas, al igual que el programa de mantenimiento y garantías.

Más de $1.7 billones de pesos, es el valor de los contratos sobre los cuales está ejerciéndose control fiscal desde la Contraloría General y la Contraloría de Bogotá.

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“No dudaremos en sancionar a integrantes del Consorcio Constructor para proteger recursos de los bogotanos”: contralor Julián Ruiz

En el caso de la Contraloría de la capital la auditoría se desarrolla sobre la revisión, confrontación, complementación y apropiación de estudios, diseños, así como en la construcción de la Estación Elevadora de Aguas Residuales de Canoas y sus obras complementarias, incluyendo la puesta en marcha y operación asistida, por valor de $351.957’844.748, de los cuales $164.303’226.254 corresponden a la EAAB (recursos del Distrito).

Adicionalmente, el ente de control distrital aclaró que en el plan de trabajo de la acción conjunta se estableció que no le corresponde a esta entidad la fiscalización del Contrato 803 de 2016 para la construcción de la PTAR Salitre, dado que fue suscrito entre la CAR y el Consorcio CEPS y como tal no involucra recursos del Distrito, sin perjuicio de que al final del ejercicio deban compartirse los análisis y conclusiones finales por parte de la CGR.

Por su parte, la Contraloría General de la República está a cargo de la fiscalización de dos contratos por valor de $37.799’066.360 para el diseño detallado, construcción de obras, suministro e instalación de equipos, operación asistida y expansión de la PTAR El Salitre, por valor de $1.3 billones.

A partir de la Visita Fiscal a la PTAR El Salitre, el Contralor de Bogotá D.C. le solicitó a la Empresa de Acueducto que informe sobre el estado técnico, el funcionamiento y las garantías de todo el componente y la maquinaria que debería recibir en el mes de septiembre cuando se tiene prevista la entrega final del proyecto dando así por terminada la operación asistida por parte del contratista Consorcio CEPS (Consorcio Expansión PTAR Salitre).

“Sin perjuicio de la orden judicial que exista, desde la Contraloría de Bogotá D.C. consideramos que el la CAR como entidad contratante y el Acueducto, con base en las cláusulas contractuales y con criterio técnico, deben dejar todas y cada una de las constancias sobre el estado de los equipos que van a recibir teniendo en cuenta que hay informaciones de posibles daños prematuros, porque en caso de inversiones dobles o adicionales injustificadas por parte del Acueducto por una mala ejecución contractual del Consorcio, no dudaremos en sancionar a las firmas que integran el Consorcio para proteger el patrimonio de los bogotanos”, dijo el contralor Julián Mauricio Ruiz.

“A la Contraloría General le preocupa, entre otras cosas, que la situación de conflictividad contractual entre la CAR, el Acueducto y el consorcio CEPS, lleve a la paralización de la planta, lo cual sería nefasto para el Río Bogotá y se constituiría en una grave amenaza ambiental” manifestó, entre tanto, el Delegado del Medio Ambiente de la CGR, Gabriel Jurado.

En desarrollo de la auditoría conjunta de las contralorías de Bogotá y General, el ente de control de la capital prevé un acompañamiento especial a la Empresa de Acueducto durante el proceso de recepción, puesta en operación y mantenimiento, a partir de la culminación de la operación asistida que viene llevándose a cabo desde diciembre cuando se realizó la entrega parcial de la PTAR atendiendo una orden judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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