Una de las escenas más significativas de la audiencia realizada este jueves 27 de marzo en Medellín por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó una imagen poco común en procesos de justicia transicional: la madre y la hija de una víctima de ejecución extrajudicial abrazaron al compareciente que reconoció su responsabilidad en el crimen. El gesto ocurrió durante una diligencia de consolidación de verdad y determinación de medidas de reparación dentro del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
La víctima en este episodio fue John Darío Giraldo Quintero. Durante la audiencia, Rosalba Angélica Quintero de Giraldo y Yésica Natalia Giraldo Marín, madre e hija de John Darío, le expresaron su perdón al teniente retirado Andrés Mauricio Rosero Bravo, quien ha reconocido responsabilidad ante la JEP. Según la propia jurisdicción, ambas dijeron que el abrazo era una muestra de “perdón sincero”, en un momento que quedó marcado por el llanto del compareciente y la carga emocional de más de dos décadas de espera por la verdad.
El caso que se discutió en la audiencia
La diligencia se concentró en hechos ocurridos entre 2002 y 2004 en los municipios de San Luis, Cocorná y Granada, en el oriente antioqueño, atribuidos a integrantes del Batallón de Artillería No. 4 “Jorge Eduardo Sánchez” (BAJES). De acuerdo con la información expuesta en la audiencia y con las decisiones previas de la JEP sobre el subcaso Antioquia, estos crímenes hacen parte del patrón de los llamados “falsos positivos”, en el que civiles fueron asesinados y luego reportados como supuestos guerrilleros muertos en combate.
En el caso de John Darío Giraldo Quintero, la JEP ha recogido versiones según las cuales fue asesinado el 6 de septiembre de 2003 en zona rural de Cocorná y presentado falsamente como baja en combate. En la audiencia también se recordó que, según los aportes a la verdad, la víctima fue perseguida, herida y posteriormente asesinada, en hechos en los que además habrían intervenido estructuras paramilitares.
El perdón de la familia
El momento central de la jornada llegó cuando Rosalba Angélica Quintero y Yésica Giraldo pidieron la palabra para responder al reconocimiento del compareciente. La familia afirmó que el perdón no borraba el daño causado, pero sí representaba un paso necesario para sanar. La JEP destacó que el gesto se produjo después de escuchar la confesión y el pedido de perdón del exoficial, quien compareció como uno de los responsables seleccionados dentro del proceso.
Más allá de la carga simbólica, el abrazo fue leído dentro de la audiencia como un acto restaurativo: una expresión de dignidad para las víctimas, de reconocimiento del daño y de compromiso con la verdad plena. Ese tipo de actos no reemplaza las decisiones judiciales, pero sí forma parte del modelo de justicia restaurativa que aplica la JEP.
“De parte de mi abuela y de mi parte, como muestra de nuestro perdón sincero, queremos brindarle un abrazo”: familiares de una de las víctimas de los llamados ‘falsos positivos’.
Arrodillado en señal de perdón y en medio de lágrimas, el compareciente Andrés Rosero recibió este abrazo por parte de Rosalba Angélica Quintero de Giraldo y Yésica Natalia Giraldo Marín, madre e hija de John Darío Giraldo Quintero.
Qué hizo la JEP en esta jornada
La JEP desarrolló en Medellín una audiencia de consolidación de verdad y determinación de medidas de reparación, un paso en el que las víctimas escuchan de manera directa los aportes de los comparecientes y participan en la construcción de medidas restaurativas. En este tipo de diligencias, la magistratura evalúa la calidad del reconocimiento, el aporte efectivo a la verdad y las acciones de reparación que deberán integrarse a las sanciones propias del sistema.
El Caso 03, que sirve de marco a esta audiencia, investiga las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. En Antioquia, la JEP ya ha emitido decisiones que imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a antiguos integrantes de la fuerza pública por centenares de hechos documentados en la región. En febrero de 2025, la jurisdicción informó que imputó a cuatro generales y 35 oficiales y suboficiales antiguos miembros de la IV Brigada por 442 ‘falsos positivos’ ocurridos en Antioquia entre 2004 y 2007.
En este expediente, la JEP busca establecer cómo operaron las estructuras militares involucradas, qué órdenes se impartieron, quiénes participaron directamente en los homicidios y desapariciones, y cómo se construyó el andamiaje para reportar a las víctimas como resultados operacionales. La investigación también examina posibles patrones de coordinación, encubrimiento y ocultamiento de información dentro de las unidades comprometidas.
La audiencia de Medellín también tuvo como propósito escuchar a los comparecientes sobre medidas de reparación para las víctimas y sus comunidades, y verificar si sus aportes cumplen con los estándares exigidos por la justicia transicional. Si los reconocimientos son plenos, exhaustivos y veraces, los responsables pueden acceder a sanciones propias; si no lo son, sus casos pueden pasar a una fase adversarial ante la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
Un hecho de alto valor simbólico
El abrazo entre la familia de John Darío Giraldo Quintero y Andrés Mauricio Rosero Bravo quedó como uno de los momentos más fuertes de la jornada. En un caso marcado por la ausencia, el estigma y la espera de más de 20 años, la escena condensó tres elementos que la JEP ha puesto en el centro de su modelo: verdad, reconocimiento y reparación. Lo judicial sigue su curso, pero para la familia, según se expresó en la audiencia, ese gesto también representó una forma de empezar a cerrar una herida abierta desde 2003.