Un nuevo capítulo judicial se suma al proceso por el magnicidio del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Este 23 de febrero, un juzgado de Bogotá avaló el preacuerdo firmado entre la Fiscalía General de la Nación y Katerine Andrea Martínez Martínez, conocida como alias “Gabriela”, quien aceptó su participación en el crimen ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia.
La decisión judicial fijó una condena de 254 meses de prisión, equivalentes a 21 años y dos meses de cárcel, tras reconocer su rol como articuladora logística del atentado.
El fallo judicial y el preacuerdo
La jueza Lilyan Johana Bastidas avaló el preacuerdo suscrito entre la procesada y la Fiscalía, en el que Martínez aceptó responsabilidad por los delitos de:
- Homicidio agravado
- Concierto para delinquir agravado
- Porte ilegal de armas agravado
- Uso de menores de edad para la comisión de delitos
El acuerdo permitió una rebaja sustancial de la pena a cambio de su confesión, colaboración con la justicia y aporte de información sobre la estructura criminal que ejecutó el atentado.
De acuerdo con la fiscal del caso, Elsa Reyes, la procesada reconoció su participación en la planeación y ejecución del crimen, así como su rol en la entrega del arma al menor que disparó contra el dirigente político.
El papel de alias “Gabriela” en el crimen
Las investigaciones establecieron que Katerine Martínez fue una pieza clave dentro de la estructura que planeó el homicidio.
Según la Fiscalía, su función principal fue entregar la pistola Glock 9 milímetros al menor de edad que ejecutó el ataque sicarial contra Miguel Uribe Turbay. Además, participó en reuniones previas donde se definieron los roles, rutas de escape y pagos a los implicados.
El atentado ocurrió en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, donde el senador fue atacado a tiros por un adolescente reclutado por la organización criminal. La utilización de un menor agravó la responsabilidad penal de los adultos involucrados.
Alias “Gabriela” habría sido reclutada meses antes del crimen y desempeñaba funciones logísticas dentro del grupo, especialmente en el transporte de armas y coordinación de movimientos.
En el curso de la investigación se conoció que la procesada hizo parte de un grupo delincuencial dedicado a los homicidios selectivos y otros actos ilícitos, y habría sido contactada por Elder José Arteaga Hernández, uno de los señalados articuladores del crimen, para que se involucrara en la acción ilegal y recogiera en la localidad de Suba una pistola tipo Glock que había sido modificada para aumentar su letalidad.
Martínez Martínez cumplió con la actividad encomendada, recibió y trasladó el arma de fuego a inmediaciones del parque El Golfito; y, a bordo de un vehículo, se la entregó a Arteaga Hernández, quien a su vez se la dio al adolescente que disparó contra la víctima.
En atención a la aceptación voluntaria de estos y otros hechos posteriores, fue sentenciada a 21 años y 2 meses de prisión por los delitos de homicidio, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.
Katherine Andrea Martínez Martínez deberá cumplir la pena privada de la libertad en centro carcelario.
Confesión y detalles revelados
Durante su declaración ante las autoridades, Martínez entregó información clave para reconstruir el crimen y ubicar a otros implicados.
Relató que el arma utilizada era una pistola Glock modificada para disparo en ráfaga y que la orden era ejecutar el ataque de manera directa para causar la muerte del senador.
También indicó que el grupo se reunió el mismo día del atentado en Modelia para ultimar detalles y distribuir funciones. Tras el ataque, los responsables se dispersaron entre la multitud y abandonaron la zona.
En su testimonio, aseguró que existían promesas de pago por el homicidio. Según su versión, le ofrecieron hasta 10 millones de pesos si el objetivo moría y sumas menores por tareas logísticas.
Petición de perdón a la familia
En audiencias previas, alias “Gabriela” pidió perdón a la familia del senador. Ante el juzgado manifestó arrepentimiento y reconoció el daño causado.
“Mi error fue muy grande y sé que mis disculpas no borran el dolor causado”, expresó durante la diligencia judicial.
La Fiscalía señaló que su colaboración permitió fortalecer la investigación, identificar la cadena de mando dentro de la estructura criminal y avanzar en la judicialización de otros responsables.
Otros condenados y capturados
El caso del magnicidio ha dejado hasta el momento nueve personas capturadas y procesadas, entre ellas:
- El menor que disparó contra el senador, condenado a siete años en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
- Carlos Eduardo Mora González, alias “El Veneco”, también sentenciado a 21 años.
- Otros presuntos integrantes de la red logística y de apoyo.
Las autoridades consideran que la estructura fue coordinada por un cabecilla conocido como alias “El Costeño” o “Chipi”, señalado como el responsable de impartir órdenes directas para ejecutar el atentado.
Contexto del magnicidio
El asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025 en Bogotá, generó un amplio rechazo político y social, al tratarse de un dirigente con proyección nacional y aspiraciones presidenciales.
Desde entonces, la Fiscalía y la Policía han adelantado una investigación para desarticular la red criminal detrás del ataque, que incluyó seguimiento a comunicaciones, análisis de cámaras de seguridad y testimonios de los capturados.
La condena contra alias “Gabriela” se convierte en una de las más relevantes dentro del proceso, al tratarse de una de las personas que aceptó su participación directa en la logística del magnicidio.
Lo que sigue en el proceso
Con esta sentencia, la Fiscalía continúa el proceso judicial contra otros presuntos responsables y busca establecer los determinadores intelectuales del crimen.
Las autoridades han reiterado que el objetivo es esclarecer por completo la cadena criminal que planeó y ejecutó el magnicidio, así como identificar posibles financiadores o autores intelectuales.
Mientras avanzan las investigaciones, la condena contra alias “Gabriela” marca un nuevo avance judicial en uno de los casos más sensibles y de mayor impacto político y judicial en Colombia en los últimos años.
