Ante la Corte Suprema de Justicia, avanzó la audiencia de acusación contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y señalado por la Fiscalía General de la Nación como el presunto cerebro del entramado de corrupción que derivó en el saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La diligencia, transmitida en vivo por Focus Noticias, marcó la reaparición pública de González, quien asistió de manera virtual desde Nicaragua, país en el que permanece tras recibir protección del gobierno de Daniel Ortega, pese a la circular roja que pesa en su contra.
El contexto del proceso
Carlos Ramón González es el exfuncionario de más alto rango del gobierno del presidente Gustavo Petro vinculado formalmente al escándalo de corrupción de la UNGRD, un caso que ha salpicado a exministros, congresistas y altos funcionarios.
La Fiscalía le imputó los delitos de cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, y sostuvo que su conducta merece un mayor “reproche punitivo” por su cercanía al poder, su influencia política acumulada durante más de dos décadas y su rol como “mano derecha del Presidente”.
La investigación está a cargo de la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño.
Según la acusación, Carlos Ramón González habría ordenado a directivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) la entrega de 4.000 millones de pesos a los entonces presidentes del Congreso de la República. De ese monto, 3.000 millones de pesos habrían sido destinados al expresidente del Senado, Iván Name Vásquez, a través de la exconsejera para las Regiones de la Presidencia, Sandra Liliana Ortiz Nova.
De manera paralela, el exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, habría trasladado 1.000 millones de pesos hasta Montería, Córdoba, con destino al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas.
“No lo llamen prófugo”: la intervención de la defensa
Uno de los momentos más tensos de la audiencia ante la Corte Suprema de Justicia se produjo cuando el abogado Iván Cancino, defensor de González, pidió expresamente que su cliente no fuera calificado como prófugo.
“Me gustaría que dejáramos las reglas claras”, manifestó Cancino ante la Sala. Acto seguido, agregó: “Esa aseveración de ‘prófugo de la justicia’ no viene al caso hacerla en una presentación de partes”.
El penalista insistió en que el uso de ese término resultaba inapropiado dentro de la audiencia de acusación y solicitó respeto procesal para su defendido, luego de que el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, utilizara esa expresión.
El minuto a minuto de la audiencia
11:00 a. m.
Se instala formalmente la audiencia ante la Sala Especial de Primera Instancia, con la presencia virtual de Carlos Ramón González. La magistrada Blanca Nélida Barreto lidera la diligencia.
11:20 a. m.
La defensa interviene. Iván Cancino pide respeto por su cliente y solicita que no se le denomine “prófugo”. Señala que ese calificativo no hace parte del debate jurídico de la acusación.
12:15 p. m.
El delegado del Ministerio Público, Henry Francisco Bustos, cuestiona aspectos de la acusación relacionados con Sandra Ortiz. Afirma que debe precisarse por qué a ella no se le atribuyó el delito de lavado de activos y cómo se materializó, según la Fiscalía, la supuesta orden de González.
“En ninguna parte se circunscribe en qué circunstancias, cuál es el contenido de la orden”, señaló Bustos, al referirse a la imputación.
12:44 p. m.
Iván Cancino vuelve a intervenir y cuestiona la supuesta “premura” que, según la acusación, habría motivado los pagos ilegales. “¿Cuál era el apuro?, ¿dónde, cuándo y cómo se manifiesta esa premura?”, preguntó, en alusión a los apoyos políticos de Iván Name y Andrés Calle.
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2:35 p. m.
Se reanuda la audiencia tras el receso del almuerzo. La Fiscalía sostiene que Sandra Ortiz, “siendo conocedora del origen ilícito del dinero”, transportó recursos en efectivo por orden directa de González.
Según el fiscal, entre el 12 y el 13 de octubre de 2023, Ortiz trasladó 1.500 millones de pesos en dos ocasiones, para un total de 3.000 millones, dinero destinado al pago de sobornos a Name y Calle.
2:56 p. m.
La Fiscalía aclara que la orden de realizar los pagos se habría dado en septiembre de 2023 y que empezó a materializarse el 21 de septiembre, durante una reunión en el Palacio de Nariño, cuando Ortiz se reunió con Olmedo López.
En su intervención, precisó que González sí dio la orden de efectuar dichas entregas en septiembre de 2023. Según explicó, esa instrucción comenzó a materializarse el 21 de septiembre de 2023, en una reunión realizada en el Palacio de Nariño, cuando Sandra Ortiz se reunió con Olmedo López para transmitirle las indicaciones relacionadas con el pago a Iván Name.
El funcionario añadió que la entrega de los recursos se concretó posteriormente los días 12 y 13 de octubre de 2023, no solo mediante la entrega directa del dinero, sino también a través del transporte de los 3.000 millones de pesos que, según la Fiscalía, Ortiz habría realizado para hacerlos llegar al entonces presidente del Senado.
3:36 p. m
El exdirector del Dapre, desde Nicaragua, aseguró que los señalamientos de la Fiscalía en su contra tienen «vacíos y falsedades».
La acusación
De acuerdo con el escrito de acusación, González habría ordenado, en una reunión conocida como “el cónclave”, la entrega de 4.000 millones de pesos a los entonces presidentes del Congreso para facilitar la aprobación de proyectos legislativos del Gobierno.
“En la oficina del Dapre, ubicada en el Palacio de Nariño, a mediados de septiembre de 2023, González ordenó a Olmedo López entregar contratos de la UNGRD por 60.000 millones de pesos para Iván Name y 10.000 millones para Andrés Calle”, se lee en el documento.
Más de 300 pruebas, entre testimonios y documentos, respaldarían la hipótesis del ente acusador, con declaraciones clave de exdirectivos de la UNGRD como Sneyder Pinilla, hoy testigo del proceso.
Las víctimas reconocidas
Durante la diligencia, la Sala de Primera Instancia reconoció como víctimas a la UNGRD, la Contraloría General de la República, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a dos comunidades wayúu, presuntamente afectadas por el contrato de los 40 carrotanques destinados al abastecimiento de agua en La Guajira.
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Un proceso que sigue avanzando
Pese a la ausencia física del acusado en Colombia, el proceso penal continúa su curso ante la sala de la Corte Suprema. La audiencia dejó en evidencia la estrategia de la defensa, enfocada en cuestionar la solidez de la acusación, y la de la Fiscalía, que insiste en ubicar a Carlos Ramón González como el eje central del mayor escándalo de corrupción que ha enfrentado el actual Gobierno.
La Sala deberá ahora evaluar los argumentos presentados para definir los siguientes pasos del juicio, en un caso que sigue teniendo profundas repercusiones políticas, judiciales y sociales en el país.