La investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que el hoy imputado fue el presunto determinador de actos ilegales que buscaron favorecer su interés personal en el centro universitario.
El material probatorio da cuenta de que entre septiembre de 2016 y enero de 2017, Acosta Osio, al parecer, solicitó a un senador, ya condenado por estos hechos, que intercediera ante el Ministerio de Educación Nacional para obtener la aprobación de la reforma estatutaria de la universidad y fuese nombrado como rector a una persona de su confianza.
Posteriormente, el 31 de enero el ministerio expidió la resolución que aprobó la reforma en el centro educativo.
En mayo de 2017 el imputado en la residencia de un senador sostuvo una reunión con un juez a quien le habría ofrecido 200 millones de pesos para que lo favoreciera en una audiencia de restablecimiento de derechos o no la realizara.
Acosta Osio fue declarado en contumacia por la juez de garantías al acoger los argumentos de la Fiscalía General de la Nación que advierten como el procesado por más de cinco años ejecutó maniobras dilatorias para no asistir a las distintas audiencias de imputación.