El Ministerio de Salud y Protección Social aseguró que el Gobierno del Cambio está enfrentando “con hechos y no con discursos” la crisis estructural del sistema de salud colombiano.
Según la entidad esta crisis es originada por más de tres décadas de abandono, concentración de poder y falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos.
De acuerdo con la cartera, la actual situación del sistema es consecuencia del modelo instaurado por la Ley 100 de 1993, que “convirtió la salud en un negocio y no en un derecho fundamental”. El Ministerio recordó que las EPS mantienen deudas superiores a 32,9 billones de pesos con hospitales y clínicas del país.
“El Estado está al día con sus pagos; son las EPS las que siguen jugando con la salud de la gente”, señaló el documento.
Entre las principales acciones del Gobierno, el Ministerio destacó el aumento del reconocimiento de la UPC en un 33,7% entre 2022 y 2024, así como el incremento del giro directo de recursos, que pasó de $22,1 billones en 2023 a $48,1 billones en 2024, lo que representa un crecimiento del 118%. Además, el presupuesto del sector salud habría pasado de $40,34 billones en 2022 a $65,12 billones en 2025, con una proyección de $75,86 billones para 2026.
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El Ministerio también informó que se están invirtiendo $9,3 billones en el fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud (APS), con la dotación de equipos médicos en todos los municipios, mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y pago de pasivos laborales. Asimismo, destacó la realización de Puestos de Mando Unificado (PMU) junto a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la ADRES y la Supersalud, con el fin de atender directamente las problemáticas de las comunidades.
Frente a las denuncias sobre desabastecimiento de medicamentos, la cartera desestimó que exista una “crisis fabricada” y aseguró que entre 2022 y 2024 aumentó la entrega de medicamentos de rango medio y alto costo, especialmente para tratamientos complejos. El Ministerio atribuyó el alza del gasto a los sobrecostos impuestos por monopolios farmacéuticos y cadenas privadas, e insistió en que el Estado “protege a los pacientes, no a los intermediarios”.
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Finalmente, el Ministerio de Salud sostuvo que el informe reciente de la Defensoría del Pueblo confirma la necesidad de una reforma estructural al sistema de salud, que permita superar la visión mercantilista y construir un modelo “solidario, transparente y centrado en las personas”.
“La salud en Colombia no retrocede. Avanza con soberanía, dignidad y justicia social. Este Gobierno está combatiendo los abusos y reconstruyendo la confianza de la ciudadanía”, concluyó el comunicado.
