La Contraloría General de la República advirtió graves deficiencias estructurales en el uso de las regalías que reciben los territorios productores de recursos no renovables, lo que ha impedido avances significativos en calidad de vida y desarrollo sostenible, a pesar de los millonarios recursos que han ingresado por la bonanza minera y petrolera.
De acuerdo con un estudio presentado por el ente de control, entre 2021 y 2022 se iniciaron 5.426 proyectos de inversión financiados con más de 23,3 billones de pesos del Sistema General de Regalías (SGR). Sin embargo, a corte de diciembre de 2024, solo el 63 % de estas iniciativas habían finalizado. La mayoría de los recursos se destinaron a infraestructura de transporte, que recibió $7 billones, relegando áreas prioritarias como salud, educación y ambiente.
El organismo advierte que, aunque las carreteras mejoran la conectividad, muchos proyectos resultan ineficientes y costosos de mantener, lo que perpetúa las desigualdades sociales y regionales. Más de la mitad de los departamentos han priorizado este sector sin comprobar el impacto real sobre el desarrollo económico o la reducción de necesidades básicas insatisfechas.
La investigación también revela que en el bienio 2021-2022 se financiaron más de 125 proyectos, por más de 1,1 billones de pesos, en alimentación y transporte escolar, lo que supone el uso de regalías en gastos recurrentes, algo prohibido por la naturaleza legal de estos recursos.
Gestión ineficiente y planeación deficiente
El estudio señala que la falta de capacidad institucional, especialmente en municipios de categorías 5 y 6, ha derivado en proyectos mal formulados, con demoras, sobrecostos e incluso sin culminación. La ausencia de estudios de viabilidad, la improvisación en la ejecución y la escasa coordinación entre el SGR y el Sistema General de Participaciones (SGP) han ocasionado duplicidad de inversiones y baja efectividad en la reducción de brechas.
Además, la dependencia excesiva de las regalías ha generado un fenómeno de “pereza fiscal”, que limita la búsqueda de ingresos propios y perpetúa una economía rentista vulnerable a la volatilidad de los mercados internacionales.
Un caso ilustrativo es el del municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar), que experimentó un colapso económico tras el retiro de la empresa minera que sostenía buena parte de su actividad productiva.
Transición energética en riesgo
El informe de la Contraloría también hace un llamado urgente frente a la transición energética. Advierte que, a partir de 2027, la descarbonización y el agotamiento de reservas reducirán progresivamente los ingresos por regalías, lo que pondría en riesgo la seguridad energética, la autosuficiencia en combustibles y la financiación de proyectos sociales.
El órgano de control recomienda desarrollar un plan de transición energética con enfoque territorial, incentivar la producción responsable de hidrocarburos sin frenar de golpe el recaudo y ampliar la infraestructura para garantizar el abastecimiento, especialmente de gas.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, reiteró su advertencia: “Sin acciones urgentes, el país podría enfrentar un nuevo apagón”.
