“Este tipo de situaciones no solo afectan las finanzas del Distrito, sino que además fomentan la cultura del no pago en nuestra ciudad”, señaló el Contralor Ruiz.
Tras una Actuación Especial de Fiscalización en la Secretaría de Movilidad, la Contraloría de Bogotá configuró hallazgos con incidencia fiscal por $4.456 millones, por falta de gestión en el cobro efectivo de más de tres mil multas por infracciones de tránsito asociadas a 319 acuerdos de pago prescritos mediante actos administrativos que fueron expedidos entre las vigencias 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.
En efecto, el organismo de control fiscal encontró que la Secretaría de Movilidad no cumplió con los criterios aplicables en el recaudo, lo cual habría impactado las arcas del Distrito y fomentado la cultura del no pago.
Durante esta Actuación Especial de Fiscalización que fue ordenada por el Contralor, Julián Mauricio Ruiz, la Dirección del Sector Movilidad de la Contraloría verificó y examinó la base de datos suministrada por la Secretaría de Movilidad, revisó la gestión de cobro y las facilidades de pago otorgadas a los infractores, y también observó el estado financiero y del recaudo; lo cual permitió establecer que las prescripciones de las acciones de cobro se debieron a omisiones e ineficiencias administrativas.
En el mismo ejercicio de control fiscal, la Contraloría examinó el cumplimiento de las normas aplicables a la Secretaría de Movilidad tales como leyes, decretos, acuerdos y manuales de cobro cartera, a fin de determinar en qué medida la entidad logró sus objetivos y cumplió con sus obligaciones en la gestión de cobro.
Al final, la Contraloría encontró que la inactividad de la Administración al no ejecutar la totalidad de los mecanismos que establecen la Ley y los manuales de cartera adoptados por la Secretaría de Movilidad (que permiten ejercer el cobro en forma oportuna), llevó a la solicitud por parte de los contraventores para que se decretara la prescripción del derecho a ejercer la acción de cobro de las obligaciones.
Los hallazgos por $4.456 millones fueron trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva para lo de su competencia.