
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó las fechas para las indagatorias de cinco congresistas y un excongresista involucrados en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Las diligencias se llevarán a cabo entre el 2 y el 11 de diciembre de 2024 en la Sala Penal del Palacio de Justicia, en Bogotá.
El cronograma de las diligencias
El primer turno será para Karen Astrith Manrique Olarte, quien deberá comparecer el 2 de diciembre a las 9:00 a. m. Le seguirá Wadith Alberto Manzur Imbett, citado para el 3 de diciembre a la misma hora. El 4 de diciembre será el turno de Liliana Esther Bitar Castilla. Tras un receso de algunos días, Julián Peinado Ramírez asistirá el 9 de diciembre, Juan Pablo Gallo Maya el 10, y, finalmente, el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera comparecerá el 11 de diciembre.
Los hechos bajo investigación
Según la Corte, los investigados habrían utilizado sus posiciones como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) para emitir conceptos favorables a operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de recibir dádivas. Estas, presuntamente, se materializaron en contratos gestionados por la UNGRD en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
La decisión de avanzar en el proceso se fundamentó en más de 50 pruebas documentales, 10 testimonios y una serie de videos de las cámaras de seguridad del Ministerio de Hacienda que captaron a los congresistas entrando y saliendo de la entidad. Un elemento clave fue una reunión sostenida el 27 de noviembre de 2023 en el Dapre, en la que, según declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, se habrían acordado los detalles de los intercambios.
Los registros de las sesiones de la CICP muestran que, en los últimos 18 días de actividad legislativa de 2023, se aprobaron 13 de los 18 conceptos presentados por el Ministerio de Hacienda. Este contexto reforzó la hipótesis de presuntos acuerdos ilegales entre los congresistas investigados y funcionarios del Ejecutivo.
Aunque la investigación se centra en los seis mencionados, el senador Julio Elías Chagüi Flórez también fue objeto de señalamientos. Sin embargo, la Corte decidió que su caso se remitirá a un magistrado diferente, al tratarse de hechos no relacionados con este proceso en particular.
La Corte Suprema busca esclarecer si los investigados infringieron la ley penal y determinar las responsabilidades correspondientes en uno de los casos de corrupción más sonados en los últimos años.