En una investigación detallada, la Contraloría General de la República (CGR) ha expuesto una realidad alarmante en los establecimientos penitenciarios colombianos, revelando irregularidades financieras por un total asombroso de $166 mil millones.
Este exhaustivo examen, enmarcado en el seguimiento a la Sentencia T762 del 2015 de la Corte Constitucional, ha puesto al descubierto un escenario crítico en la gestión de recursos destinados a infraestructura, salud, alimentación y resocialización en las cárceles del país.
La Contraloría ha identificado incumplimientos significativos en proyectos claves, desde la no realización de la Colonia Agrícola en CAMIS Yarumal, Antioquia, con un valor de $65.9 mil millones, hasta la falta de entrega de infraestructuras modulares en Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, generando hallazgos fiscales por $72.6 mil millones. Sumando a esto la no terminación y operatividad en La Paz, Itagüí, con hallazgos por $25.6 mil millones, la conclusión es clara: los establecimientos evaluados no cumplen con las condiciones mínimas, contribuyendo a la problemática de la sobrepoblación.
A pesar de las inversiones, la investigación revela que la problemática de hacinamiento persiste, con 2,721 cupos sin operar. Deficiencias en condiciones de estar y circulación se suman a la complejidad del panorama, incumpliendo las directrices constitucionales, además los problemas en las áreas de preparación de alimentos no se han hecho esperar, ya que, se presentan dificultades financieras y logísticas, que amenazan la seguridad alimentaria de la población carcelaria. También la resocialización enfrenta retos importantes, con una oferta insuficiente de actividades y espacios inadecuados para el desarrollo de actividades educativas y laborales.
Por lo cual, la Contraloría hace un llamado a las autoridades para que atiendan y corrijan las deficiencias sistémicas que afectan de manera significativa a la población privada de libertad en el país.