La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de diez años de prisión contra el exmagistrado y expresidente de esa corporación José Leonidas Bustos Martínez, por su responsabilidad en el escándalo de corrupción judicial conocido como el cartel de la toga.
La decisión, con ponencia del magistrado Gerson Chaverra Castro, ratificó la responsabilidad penal de Bustos por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio, al establecer su participación en una organización que utilizó la administración de justicia para obtener beneficios económicos ilegales.
El alto tribunal también dispuso adelantar los trámites correspondientes para solicitar su extradición desde Canadá, país en el que reside desde hace varios años luego de iniciado su proceso judicial, la corte pide realizar el trámite con el propósito de que cumpla la pena impuesta por la justicia colombiana.
La investigación determinó que Bustos desempeñó un papel central en la conformación y funcionamiento de una red integrada por magistrados, exfuncionarios judiciales y abogados litigantes, que ofrecía intervenir en procesos penales contra congresistas y otros aforados a cambio de cuantiosas sumas de dinero.
El mecanismo consistía en contactar a dirigentes políticos investigados, ofrecerles decisiones favorables y gestionar actuaciones destinadas a archivar, dilatar o desviar los expedientes que cursaban ante la Corte Suprema de Justicia.
Los millonarios sobornos del cartel de la toga
Uno de los capítulos centrales del expediente está relacionado con los procesos por presuntos vínculos con organizaciones paramilitares que enfrentaban los entonces senadores Musa Besaile Fayad y Álvaro Ashton Giraldo.
Según estableció la Corte Suprema, la organización criminal acordó pagos de 2.000 millones de pesos por el caso de Besaile y 1.200 millones por el de Ashton, con el propósito de obtener decisiones judiciales favorables.
La red aprovechaba el acceso a información reservada y la influencia de sus integrantes para interferir en investigaciones que estaban bajo conocimiento de la Sala de Casación Penal.
En el proceso se acreditó que Bustos recibió 200 millones de pesos en efectivo, entregados por el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, provenientes del dinero pagado ilegalmente por Musa Besaile.
Las declaraciones de Moreno también fueron relevantes para reconstruir las relaciones entre los integrantes de la organización, sus reuniones y los mecanismos utilizados para distribuir los recursos obtenidos mediante los sobornos.
El reloj Cartier y las pruebas contra el exmagistrado
Otro de los episodios examinados durante la investigación estuvo relacionado con la entrega de un reloj de lujo de la marca Cartier.
Luis Gustavo Moreno declaró que el 29 de diciembre de 2012 acompañó a Bustos a una tienda de esa marca en el centro comercial Andino, en Bogotá, donde adquirieron un reloj de la referencia Ballon Bleu, valorado en aproximadamente 42,9 millones de pesos.
Según su testimonio, la compra se realizó en efectivo y la factura fue expedida con datos que no correspondían a la identidad del destinatario del artículo.
Este episodio hizo parte de los señalamientos sobre los beneficios económicos que habría recibido Bustos por sus relaciones con otros integrantes de la red.
Una red que comprometió a magistrados y abogados
El cartel de la toga salió a la luz pública en 2017, a partir de investigaciones que revelaron el cobro de sobornos para manipular actuaciones judiciales contra congresistas y otros funcionarios con fuero constitucional.
El escándalo involucró a antiguos integrantes de la Corte Suprema, entre ellos Francisco Javier Ricaurte Gómez y Gustavo Enrique Malo Fernández, así como al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y a abogados que actuaban como intermediarios.
Las investigaciones establecieron que los integrantes de la organización ofrecían beneficios procesales, como archivos de investigaciones, decisiones inhibitorias, preclusiones y retrasos en actuaciones judiciales.
El caso se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción de la justicia colombiana, al comprometer la independencia y credibilidad de la corporación encargada de juzgar a altos funcionarios del Estado.
¿Quién es José Leonidas Bustos?
José Leonidas Bustos Martínez nació el 17 de febrero de 1955 en Ibagué, Tolima.
Es abogado egresado de la Universidad Libre, institución en la que obtuvo su título en diciembre de 1980 con una tesis denominada La excarcelación.
Su trayectoria académica incluye especializaciones en filosofía del derecho, teoría jurídica y ciencias penales, además de estudios de maestría en derecho y derecho procesal.
Antes de llegar a la Corte Suprema, desarrolló buena parte de su carrera como docente universitario. Fue director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Libre y profesor en instituciones como la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad Militar Nueva Granada.
En abril de 2008 se posesionó como magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Posteriormente presidió esa sala en 2012 y 2013, y en 2015 fue elegido presidente de la Corte Suprema, una de las posiciones más importantes de la Rama Judicial colombiana.
Su periodo como magistrado terminó en 2016, antes de que estallara públicamente el escándalo del cartel de la toga.
¿Desde cuándo está Leonidas Bustos en Canadá?
El exmagistrado salió de Colombia el 28 de noviembre de 2018 con destino a Canadá, cuando ya enfrentaba cuestionamientos por su presunta participación en el cartel de la toga.
En ese momento no tenía una restricción judicial que le impidiera abandonar el país.
Desde entonces ha permanecido fuera de Colombia y ha participado de manera virtual en algunas diligencias de su proceso.
Durante una audiencia celebrada en febrero de 2025, Bustos confirmó que residía en Canadá y aseguró que había salido de Colombia por amenazas contra su vida.
El exmagistrado también negó haber recibido sobornos y rechazó las declaraciones de Luis Gustavo Moreno sobre su participación en la organización.
Con la confirmación de la condena, su permanencia en territorio canadiense adquiere una nueva dimensión judicial, debido a las gestiones de extradición que deberán adelantarse para procurar el cumplimiento efectivo de la sentencia.
La condena y sus consecuencias judiciales
La sentencia de primera instancia, emitida el 20 de febrero de 2026, impuso a Bustos una pena de 123 meses y un día de prisión, equivalentes a diez años y tres meses aproximadamente, además de una multa de 133.738.170 pesos y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo término.
En esa decisión también se negó la posibilidad de sustituir la prisión por detención domiciliaria o suspensión condicional de la pena.
La Corte dispuso, además, la expedición de una orden de captura y la notificación roja de Interpol para facilitar su localización y detención.
Aunque Bustos fue declarado responsable de concierto para delinquir y cohecho propio, resultó absuelto del delito de tráfico de influencias de servidor público en la sentencia inicial.
La ratificación de la condena constituye un nuevo capítulo en las decisiones judiciales derivadas del cartel de la toga y mantiene abierto el desafío de lograr que el exmagistrado comparezca ante las autoridades colombianas para cumplir la pena.