A la cárcel los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por presunta corrupción en la UNGRD
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra los exministros de Hacienda e Interior, pese a que la Fiscalía había solicitado prisión domiciliaria. La magistrada concluyó que eran presuntas cabezas del entramado corrupto.
Bogotá. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó el envío a la cárcel de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, en el marco del proceso penal que se les sigue por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ambos exfuncionarios fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
Aunque la Fiscalía General de la Nación solicitó que la medida de aseguramiento fuera de detención domiciliaria, el Tribunal consideró que esa restricción resultaba insuficiente frente a la gravedad de los hechos y ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
Defensa solicita que se le conceda detención domiciliaria ya que el exministro de Hacienda tiene 76 años de edad y varias condiciones médicas que dificultarían su internamiento en la cárcel.
La decisión fue adoptada por la magistrada Aura Alexandra Rosero, quien concluyó que Bonilla y Velasco habrían ocupado posiciones de liderazgo dentro de una estructura criminal orientada a direccionar contratos públicos para asegurar apoyos políticos en el Congreso de la República.
“La ausencia de cargo público no neutraliza el riesgo”
Durante la lectura de su decisión, la magistrada Rosero explicó que el hecho de que los exministros ya no ocupen cargos públicos no elimina el riesgo que representan para el proceso y para el interés público.
“La ausencia de cargo público de los implicados no neutraliza el riesgo, pues la Fiscalía acreditó que las dinámicas investigadas trascendían el ejercicio formal del cargo, se apoyaban en redes políticas, administrativas y relacionales previamente consolidadas y operaban a través de terceros”, Tribunal
En ese sentido, indicó que el análisis del riesgo no se limita a la capacidad de desplazamiento físico de los imputados, sino a su capacidad de articulación e intermediación dentro de esquemas complejos de criminalidad contra la administración pública.
“El riesgo no depende de la movilidad física, sino de la capacidad de articulación e intermediación propia de estructuras complejas de criminalidad contra la administración pública. La medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario resulta idónea, necesaria y proporcional para los imputados”, afirmó la magistrada.
Riesgo de reiteración y rearticulación del entramado
Rosero precisó que la decisión de enviar a los exministros a prisión no se fundamenta en un riesgo inminente de fuga, s
Riesgo de reiteración y rearticulación del entramado
Rosero precisó que la decisión de enviar a los exministros a prisión no se fundamenta en un riesgo inminente de fuga, sino en la necesidad de evitar la posible rearticulación del esquema corrupto.
“La decisión no se sustenta en una fuga inminente, sino en la actual necesidad de evitar la rearticulación o continuidad en las prácticas de direccionamiento contractual e interferencia relacional propias de esquemas de corrupción de compleja envergadura”, explicó.
Según la magistrada, estos riesgos no se neutralizan con medidas menos restrictivas, como la prisión domiciliaria, y podrían incluso facilitar contactos y coordinaciones indebidas.
La imputación y la postura de las defensas
Los exministros Bonilla y Velasco fueron imputados hace algunas semanas por la fiscal María Cristina Patiño, quien les atribuyó haber participado en un entramado criminal destinado a ofrecer contratos de entidades como la UNGRD y el Invías a congresistas, a cambio de respaldo a proyectos legislativos y operaciones de crédito público del Gobierno Nacional.
Ninguno de los exfuncionarios aceptó los cargos y ambos han rechazado los señalamientos. Durante las audiencias, sus abogados defensores alegaron supuestas falencias probatorias y sostuvieron que las actuaciones cuestionadas correspondían a ejercicios legítimos de sus funciones ministeriales.
Estos argumentos fueron analizados por la magistrada Rosero, quien concluyó que la imputación no se refiere a actos administrativos aislados ni neutrales desde el punto de vista penal.
“No actuaron de manera aislada”
En su decisión, la magistrada fue enfática en señalar que, según el material probatorio presentado por la Fiscalía, Bonilla y Velasco no habrían actuado de manera individual ni esporádica.
“Los imputados no actuaron de manera episódica o aislada, sino que habrían integrado, desde posiciones de liderazgo, un acuerdo criminal organizado, orientado a la comisión reiterada de delitos contra la administración pública”, sostuvo.
Agregó que del análisis del expediente se desprende que los exministros articularon y coordinaron, a través de terceros, un esquema sistemático de direccionamiento contractual.
“Del examen detallado de los elementos relacionados por la Fiscalía se evidencia que los entonces ministros no solo participaron en reuniones institucionales o suscribieron actos propios de sus cargos, sino que articularon, promovieron y coordinaron, a través de terceros, un esquema reiterado de dirección contractual en entidades como la UNGRD y el Invías”, explicó.
Según la magistrada, ese esquema tenía como objetivo asegurar mayorías legislativas para la aprobación de proyectos de ley y operaciones de crédito público, utilizando recursos del erario.
Un entramado con vocación de permanencia
Finalmente, la Sala Penal concluyó que los hechos investigados no pueden entenderse como actuaciones administrativas aisladas, sino como un conjunto sistemático y funcionalmente articulado de comportamientos, desplegados de manera sostenida en el tiempo.
“La imputación no se identifica como actos administrativos aislados, neutrales o carentes de contenido penal, sino como un conjunto sistemático, reiterado y conscientemente articulado de comportamientos que permiten inferir razonablemente la existencia de un acuerdo previo, estable y orientado a la comisión de delitos contra la administración pública”, señaló Rosero.
Con esta decisión, los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco deberán enfrentar el proceso penal privados de la libertad en centro carcelario, mientras la investigación por el caso UNGRD continúa su curso en la justicia colombiana.
Minuto a minuto de la audiencia
- 1:30 pm Defensa solicita que se le conceda detención domiciliaria ya que el exministro de Hacienda tiene 76 años de edad y varias condiciones médicas que dificultarían su internamiento en la cárcel.
Decisión: orden de cárcel, no domiciliaria
- El Tribunal ordenó cárcel para Bonilla y Velasco. El Espectador reportó que la magistrada determinó la medida carcelaria y señaló que, aunque la Fiscalía pidió domiciliaria, no sustentó por qué debían acceder a ese beneficio; por ello, sustituyó la medida y dispuso la reclusión en prisión.
- En la misma línea, expresó: “La detención domiciliaria no resulta idónea”, al comunicar la medida carcelaria por el caso UNGRD.
- Tras el receso: En el cierre de la exposición, la magistrada explicó que los hechos “no fueron aislados ni esporádicos” y desarrolló el análisis del peligro para la comunidad en sentido amplio, asociado al impacto sobre el interés público y el funcionamiento democrático. En ese punto también advirtió que, por gravedad y rol de los imputados, la prisión domiciliaria podía convertirse en una medida meramente “formal” y anticipó que se requería una respuesta más severa.
Receso
- 11:45 a. m.: La magistrada decretó un receso y la audiencia quedó programada para reanudarse a esa hora, dentro de la lectura de la decisión.
Evaluación de interés indebido en contratos
- 11:17 a. m.: El Tribunal sostuvo que había elementos para inferir, en un nivel de probabilidad relevante para esta etapa, que “los ministros influyeron de manera decisiva y determinante” en la voluntad de quienes tenían a cargo proyectos contractuales.
- En esa sección, se reiteró que la tesis del ente acusador ubica el direccionamiento en proyectos vinculados a Invías y a la UNGRD, y que el expediente recoge menciones sobre solicitudes de proyectos y presiones políticas atadas a votaciones en instancias del Congreso.
Análisis de cohecho: “basta con el ofrecimiento”
- 10:46 a. m.: El Tribunal explicó que, para el delito de cohecho, la conducta no exige necesariamente que el beneficio se materialice: basta con el ofrecimiento. En esa línea, la lectura recogió la tesis de que los exministros “ofrecieron una utilidad indebida a los servidores públicos (congresistas)” a cambio de apoyo legislativo.
Concierto para delinquir y afectación a la seguridad pública
- 10:14 a. m.: La magistrada expresó que las conductas atribuidas podían afectar “la seguridad pública y la tranquilidad colectiva” dentro de la inferencia propia de la etapa de medida de aseguramiento, valorando testimonios y soportes mencionados en la audiencia.
Inicio de la jornada: cuestionamiento a la Fiscalía por la domiciliaria
- Apertura de la sesión: Tras la presentación de las partes y la verificación de recepción de nuevos elementos, la magistrada indicó que, aunque la Fiscalía argumentó la necesidad de privación de la libertad, tuvo vacíos al justificar por qué solicitó domiciliaria y no cárcel, punto que anunció que corregiría en su análisis.
Contexto del caso UNGRD y la tesis central de la Fiscalía
La investigación se enmarca en el escándalo de corrupción de la UNGRD, que involucra presuntas desviaciones y direccionamientos contractuales y que, según la Fiscalía, se habría usado para asegurar respaldos políticos en el Congreso. En la cobertura de Focus Noticias, la fiscal del caso sostuvo que el plan buscaba orientar recursos a favor de congresistas para “asegurar mayorías” de reformas y proyectos del Ejecutivo, e incluyó un argumento sobre el riesgo de evasión: “El país ya ha visto cómo dos procesados dentro de este mismo entramado se encuentran evadidos…”, al justificar controles sobre los imputados.
En cuanto a las cifras que circularon en la audiencia y en informes públicos, se mencionó el direccionamiento de proyectos en Invías y en la UNGRD por un total superior a COP 612.000 millones (con 74 proyectos en Invías y cinco en UNGRD, según la síntesis divulgada por Focus Noticias).
Ricardo Bonilla González
Ricardo Bonilla González de 76 años es un economista colombiano, con amplia trayectoria en el sector público y en la formulación de política fiscal. Fue ministro de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, cargo desde el cual lideró la política económica, el manejo del presupuesto nacional y la agenda tributaria del Ejecutivo. Antes de llegar al Ministerio, se desempeñó como secretario de Hacienda de Bogotá en dos periodos, tanto en la administración de Luis Eduardo Garzón como en la de Gustavo Petro cuando fue alcalde de la capital. Bonilla es reconocido por su perfil técnico y por su cercanía con el proyecto político del actual presidente.
Luis Fernando Velasco Chaves
Luis Fernando Velasco Chaves de 61 años es un abogado y político colombiano con una larga carrera en el Congreso de la República. Fue ministro del Interior en el gobierno de Gustavo Petro, responsabilidad desde la cual tuvo a su cargo la relación del Ejecutivo con el Legislativo, la coordinación política y el trámite de reformas ante el Congreso. Velasco ha sido senador de la República en varios periodos, inicialmente por el Partido Liberal y posteriormente como aliado de fuerzas políticas cercanas al petrismo. A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos de dirección política y ha sido una figura relevante en la negociación y concertación de iniciativas legislativas, especialmente en temas de gobernabilidad y agenda parlamentaria.
Qué significa la decisión y qué viene
La determinación de la magistrada Rosero Baquero impone una medida de aseguramiento intramural mientras avanza el proceso penal, sin que ello constituya un fallo de responsabilidad. El expediente continúa su curso con las etapas procesales posteriores, mientras la defensa mantiene la tesis de inocencia y la Fiscalía sostiene que los exministros tuvieron un rol relevante en la presunta estructura investigada.
