La Fiscalía pidió medida de aseguramiento privativa de la libertad por el caso Fucoso, mientras la defensa y la Procuraduría se opusieron. La diligencia es transmitida en directo por Focus Noticias.
Barranquilla, Atlántico. Ante el Juzgado 14 de Control de Garantías de Barranquilla avanzó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos, dentro del proceso penal que lo investiga por presuntas irregularidades en contratación pública, en un caso conocido como “Caso Fucoso”, relacionado con el manejo de recursos destinados a programas de atención para adultos mayores en ese departamento.
«No hay prueba directa de que Nicolás Petro recibiera esos $111 millones»: abogado Alejandro Carranza
La diligencia judicial, que fue transmitida en directo por Focus Noticias, se reanudó este jueves con la intervención de la defensa del procesado, luego de que la Fiscalía General de la Nación solicitara que se imponga una medida de aseguramiento privativa de la libertad —en centro carcelario o en detención domiciliaria— contra el hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro.
Los cargos y la solicitud de la Fiscalía
En este segundo proceso penal que enfrenta Nicolás Petro, el ente acusador le imputó los delitos: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público y falsedad en documento. La Fiscalía sostiene que el exdiputado habría participado en un entramado de corrupción mediante el cual $111 millones de pesos, que debían ser destinados a proyectos sociales para adultos mayores, habrían sido desviados a través de contratos suscritos con la Fundación Conciencia Social (Fucoso).
Los delitos y el caso Fucoso
El exdiputado fue imputado por los delitos de:
- Interés indebido en la celebración de contratos,
- Falsedad en documento público,
- Tráfico de influencias,
- Peculado por apropiación.
La acusación está relacionada con dos convenios adjudicados por la Gobernación del Atlántico a la Fundación Conciencia Social (Fucoso), durante la administración de Elsa Noguera, cuya finalidad era atender población de la tercera edad en el departamento.
Según la tesis del ente investigador, dichos recursos habrían terminado beneficiando presuntamente a Nicolás Petro, a su entonces pareja Daysuris Vásquez, así como a personas de su entorno familiar y social, cuando ejercía como diputado del Atlántico entre los años 2020 y 2023.
Por estos hechos, la Fiscalía pidió al juez imponer una medida de aseguramiento al considerar que se trataría de conductas graves contra la administración pública.
La defensa: “no hay prueba directa”
Durante su intervención, el abogado defensor Alejandro Carranza cuestionó de manera directa la solicitud de la Fiscalía y aseguró que no existe prueba directa que demuestre que Nicolás Petro recibió los $111 millones por los que es señalado.
“Su señoría, no le trajeron la prueba directa de que haya recibido esos dineros sino solo la interpretación de la Fiscalía. No hay registros bancarios ni versiones de personas que hayan visto que recibió el dinero”, afirmó Carranza ante el estrado.
El jurista insistió en que el caso se sustenta principalmente en conversaciones de mensajería y en declaraciones de una persona que se acogió a un principio de oportunidad, lo que —a su juicio— resta credibilidad a los señalamientos.
“Lo que hay son chats de una persona beneficiada con un principio de oportunidad, que se ahorró reparar a la Gobernación del Atlántico en $110 millones porque solo pagó $40 millones. Hay un interés evidente de esa persona”, señaló el abogado.
Carranza agregó que no existe evidencia que demuestre una relación directa entre su defendido y la Fundación Conciencia Social, entidad que habría recibido los recursos públicos cuestionados.
“No hay evidencia de que Nicolás Petro tuviera interacción con Fucoso”, puntualizó.
Señalamientos sobre presunto tráfico de influencias
En otro momento de la audiencia, la defensa sostuvo que la Fiscalía habría errado al atribuir a Nicolás Petro una supuesta influencia en la contratación del Atlántico. Según Carranza, los elementos probatorios que presentará la defensa demostrarían que cualquier eventual tráfico de influencias no provino del exdiputado.
“Esta defensa está aportándole evidencia de que las relaciones previas de Daysuris con la gobernadora sí acreditan que cualquier relación de tráfico de influencias es de ellas, no de Nicolás con ellas”, sostuvo el abogado.
Incluso, mencionó la presunta participación de otros actores políticos, entre ellos el senador Pedro Name, y no del procesado.
“Y de otros actores políticos, como el de Pedro Name, no de Nicolás con Pedro Name y la gobernadora”, afirmó Carranza, al insistir en que su defendido no tenía control ni injerencia sobre los procesos contractuales del departamento.
“Esto, su señoría, para que usted pueda observar que se desvirtúa esa tesis de influencia que provenía de Nicolás, quien además es opositor político y no tenía control sobre la contratación”, agregó.
La postura de la Procuraduría
Durante la audiencia, la Procuraduría General de la Nación también se opuso a la solicitud de la Fiscalía de enviar a prisión a Nicolás Petro. El Ministerio Público consideró que no se configuran los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad.
“No representa un peligro para la comunidad, no se observa que pueda obstruir la justicia y mucho menos que pueda evadir el proceso o el eventual cumplimiento de una pena en caso de ser condenado”, manifestó el delegado de la Procuraduría.
El ente de control sostuvo que, hasta el momento, no se acreditan riesgos procesales que justifiquen una restricción a la libertad del exdiputado.
Dos procesos distintos contra Nicolás Petro
Este caso por presunta corrupción en la contratación del Atlántico es independiente del otro proceso penal que enfrenta Nicolás Petro y que ya se encuentra en etapa preparatoria de juicio, relacionado con los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por presuntos dineros que habría recibido en el marco de la campaña presidencial de su padre en 2022.
Ambos expedientes avanzan de manera paralela ante la justicia.
Lo que sigue en la audiencia
La diligencia judicial continuará con el análisis de los argumentos expuestos por las partes. El juez de control de garantías deberá evaluar si se cumplen los requisitos constitucionales y legales para imponer una medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos.
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