El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha enviado una misiva al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, solicitando una reunión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) para abordar la preocupante situación de riesgo en 13 municipios del norte del Cauca.
La suspensión del cese al fuego bilateral en la región ha aumentado las amenazas, incluyendo reclutamiento forzado, instrumentalización de la población civil y homicidios selectivos.
El incremento de los riesgos en la zona ha sido objeto de seis Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo en los últimos tres años. La presencia de estructuras armadas ilegales, como el Bloque Occidental Jacobo Arenas y el ELN, ha generado un clima de inseguridad que afecta a comunidades vulnerables.
El reclutamiento forzado, con 23 casos registrados en lo que va del 2024, y la instrumentalización de la población civil son preocupaciones principales. Además, se han reportado homicidios de líderes sociales, evidenciando la vulnerabilidad de quienes defienden los derechos humanos en la región.
Las comunidades también enfrentan el control social impuesto por grupos armados ilegales, que regulan la vida cotidiana a través de normas y carnetización, entre otras medidas coercitivas.
La situación se agrava con el avance del ELN hacia territorios controlados por el EMC, lo que aumenta el riesgo de enfrentamientos y homicidios selectivos. Además, se ha observado una combinación entre la criminalidad urbana y los grupos armados, que controlan la distribución y ejercen el sicariato en municipios del norte del Cauca.
El confinamiento de las comunidades rurales y la proliferación de pandillas y bandas criminales también contribuyen a la inestabilidad en la región, por lo cual, es fundamental garantizar la seguridad de las poblaciones vulnerables y proteger los derechos humanos en la región.
