La Contraloría General de la República avanza en la recuperación de activos que tienen en el exterior responsables fiscales en Colombia, para lo cual en el último año (de junio de 2022 a mayo de 2023) 15 países han respondido Solicitudes de Asistencia Jurídica Recíproca del ente de control, en busca de información patrimonial, para solicitar notificaciones e inscribir medidas cautelares sobre procesos ejecutados.
Así lo reveló el Contralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, en la instalación del Foro “Grandes Desafíos de la Comunidad Internacional en la lucha global contra la corrupción”, evento en el cual participaron reconocidos expertos en el tema como Robert Klitgaard y el Procurador ad hoc de la República del Perú y expresidente de Transparencia Internacional, José Carlos Ugaz Sánchez.
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La búsqueda de información patrimonial encabeza el listado de solicitudes de la Contraloría en el exterior (66,67%), le siguen las referidas a notificaciones (26,67%) y luego la inscripción de medida cautelar sobre un proceso ejecutado (6,66%), estadísticas que denotan la importancia de la presencia internacional de la Contraloría General en el cumplimiento de su misión constitucional de proteger el erario.
En su calidad de autoridad central de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), la Contraloría General de la Republica ha incrementado su relacionamiento externo, implementado las herramientas establecidas en esta, con lo cual se materializan acciones más eficaces internamente, destacó el Contralor en funciones de Contralor General de la República
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De otro lado, recordó que cuando inició la administración del Contralor Carlos Hernán Rodríguez la CGR tenía 7 mil deudores en procesos de cobro coativo, con una deuda que llegaba a más de $10 billones. Se trata en buena parte de personas naturales y jurídicas que están insolventes, o sea supuestamente no tienen recursos ni bienes para ponerse al día con la Contraloría.
Por eso se decidió que, para evitar que los vinculados a procesos de responsabilidad fiscal se insolventen y no paguen, ahora se decretan embargos apenas se abren los procesos, de manera que cuando se llegue al fallo se puedan recuperar los recursos públicos perdidos.