La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a la exrepresentante a la Cámara Tatiana Cabello Flórez Martínez a 12 años y un día de prisión, tras encontrarla responsable del delito de concusión en modalidad continuada, por exigir a varias integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) la entrega de parte de sus salarios como condición para conservar sus cargos.
La decisión judicial establece, además, una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por 116 meses y 29 días, una multa equivalente a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos y niega cualquier beneficio como la suspensión condicional de la ejecución de la pena o la prisión domiciliaria.
La Corte precisó que la orden de captura se hará efectiva una vez la sentencia quede en firme, debido a que se trata de un fallo de primera instancia que aún puede ser impugnado conforme a las etapas procesales previstas en la ley.
Así operaba el presunto esquema de cobros
De acuerdo con las pruebas valoradas durante el juicio, Tatiana Cabello habría solicitado de manera reiterada a cinco funcionarias de su Unidad de Trabajo Legislativo la devolución de un porcentaje de sus salarios.
Según la sentencia, para el recaudo de esos recursos contó con la colaboración de tres personas de su equipo de trabajo, quienes actuaban como intermediarios para recibir el dinero que posteriormente llegaba a la entonces congresista.
Para la Sala, quedó demostrado que la exparlamentaria utilizó el poder que le otorgaba su investidura para obtener un beneficio económico indebido.
En uno de los apartes del fallo, la Corte señaló que la excongresista actuó «en pleno uso de sus facultades mentales y consciente de la prohibición de su comportamiento» cuando solicitó, de manera directa o por interpuesta persona, que sus colaboradoras entregaran parte de sus salarios para permanecer vinculadas a la UTL.
La Corte advierte un grave daño a la función pública
En la sentencia, los magistrados sostuvieron que la conducta de Cabello trascendió el perjuicio económico ocasionado a las víctimas y afectó la credibilidad de las instituciones públicas.
El alto tribunal concluyó que la excongresista abusó de las funciones propias de su investidura para obtener recursos personales, lo que, según el fallo, «minó profundamente la confianza de la comunidad en el Congreso de la República, institución considerada como un baluarte de la democracia».
Además de la condena penal, la Corte ordenó que la exparlamentaria indemnice a las cinco víctimas por los perjuicios ocasionados.
Igualmente, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante investigaciones por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, concusión y amenazas, derivados de los hechos conocidos durante el proceso.
Perfil: ¿Quién es Tatiana Cabello?
Tatiana Cabello Flórez Martínez es abogada y política oriunda del departamento del Atlántico. Durante varios años desarrolló su carrera dentro del movimiento político Cambio Radical, colectividad con la que ocupó diferentes cargos de representación.
Fue representante a la Cámara por el Atlántico durante dos periodos consecutivos y se desempeñó en varias comisiones constitucionales relacionadas con asuntos económicos y de control político. En el Congreso impulsó iniciativas sobre desarrollo regional, infraestructura, empleo y fortalecimiento institucional.
Antes de llegar al Legislativo ejerció cargos en entidades públicas del orden territorial y nacional, consolidando una trayectoria en la administración pública y en la actividad política de la región Caribe.
Su nombre comenzó a verse comprometido judicialmente cuando varias exintegrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo denunciaron que debían entregar parte de sus salarios para conservar sus puestos de trabajo, denuncias que dieron origen a la investigación adelantada por la Corte Suprema de Justicia.
Con la sentencia conocida este viernes, Cabello se convierte en una de las más recientes excongresistas condenadas por corrupción relacionada con el ejercicio de la función pública. No obstante, el fallo aún no está ejecutoriado, por lo que la defensa podrá acudir a los recursos previstos en el procedimiento penal antes de que la decisión quede en firme.