La Sala de Instrucción resolvió la situación jurídica y encontró mérito probatorio para continuar la investigación contra la exsenadora Sandra Helena Villadiego y el exrepresentante Raymundo Elías Méndez Bechara por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho propio.
Los hechos objeto de investigación están relacionados con su supuesta influencia ante el Gobierno Nacional para conseguir dineros de los denominados cupos indicativos durante los años 2016 y 2017.
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Se estableció que esas partidas presupuestales se destinaron a financiar proyectos del municipio de Galeras (Sucre). Supuestamente esos dineros fueron gestionados de manera ilícita por los excongresistas, presuntamente a cambio de recibir una contraprestación económica acordada con el mandatario municipal.
