En la búsqueda de mejorar el suministro de agua potable en Santa Marta, la Alcaldía de la ciudad lanzó la Licitación Pública LP-011-2023 para la construcción del nuevo acueducto, denominado «El Curval».
Sin embargo, la Contraloría General de la República ha identificado importantes debilidades en la planeación de este proyecto, lo que podría poner en riesgo la consecución de sus objetivos.
La obra, valuada en aproximadamente $1.68 billones, tiene como propósito fundamental producir un caudal de 2,400 litros por segundo de agua tratada, suficiente para abastecer las necesidades proyectadas de la ciudad hasta el año 2048. No obstante, la Contraloría ha señalado tres puntos críticos en el proceso licitatorio que podrían afectar su desarrollo y resultado.
En primer lugar, se destaca la forma de pago propuesta, que implica desembolsos anuales durante 30 años, financiando el 100% a través del contratista. Esta estructura de pagos, según la Contraloría, podría generar problemas de liquidez para el contratista durante la etapa de construcción, potencialmente conduciendo a la paralización o abandono de los trabajos.
En segundo lugar, la falta de un estudio de financiamiento que analice diferentes alternativas de crédito ha sido identificada como una debilidad significativa. Dado el periodo de construcción planeado de 3.5 años y la forma de pago propuesta, la Contraloría advierte que la actual estructura podría resultar en una financiación onerosa a través del contratista en comparación con otras opciones de crédito no exploradas.
Finalmente, la Contraloría destaca la posible inobservancia de disposiciones legales vigentes relacionadas con vigencias futuras excepcionales. Según la Ley 1483 de 2011, el plazo de ejecución de dichas vigencias debe ser igual al plazo del proyecto o gasto asociado. En caso de no ajustarse a esta normativa, se podría estar incurriendo en una presunta irregularidad legal.
La Contraloría General de la República ha anunciado su vigilancia continua sobre el desarrollo de la licitación pública para la construcción del acueducto en Santa Marta. Ante la importancia crucial de este proyecto para la región, la entidad tomará las medidas necesarias en el marco de sus competencias para garantizar el cumplimiento de los principios de planeación, economía, eficiencia y eficacia en la contratación estatal.
