En coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas e Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, lograron la captura de dos personas en Cajamarca, Tolima, por delitos de pornografía infantil.
Las autoridades informaron que Wilmer Fernando Jiménez fue capturado por orden judicial, mientras que Jorge Humberto Medina fue detenido en flagrancia. Según la investigación, ambos sujetos se dedicaban a la producción, transmisión y almacenamiento de material de abuso sexual infantil, el cual era posteriormente difundido a través de aplicaciones de mensajería instantánea utilizadas por redes de pedófilos a nivel nacional e internacional.
La operación se originó a partir de cuatro alertas internacionales enviadas por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de los Estados Unidos, a través de servicios prestados por la empresa Google. Dichas alertas permitieron identificar la difusión de 17 archivos fotográficos y fílmicos de producción propia que evidenciaban el abuso sexual de menores.
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Durante el procedimiento de captura, las autoridades lograron el rescate de cuatro niños, dos de ellos hijos de uno de los detenidos y dos vecinos de 11 y 13 años de edad. Los menores fueron puestos bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.
De acuerdo con la investigación, Jorge Humberto Medina Quintero era el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio El Pedregal, en Cajamarca, Tolima, donde se realizó la diligencia de allanamiento. Además, se determinó que ambos capturados fueron candidatos al Concejo Municipal de Cajamarca en las elecciones de 2023.
Los investigadores lograron identificar registros telefónicos en los que los capturados sostenían conversaciones alusivas a los abusos sexuales perpetrados. En el operativo también fueron incautados dos teléfonos celulares con material relevante para la investigación.
Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía General de la Nación les imputó el delito de pornografía con personas menores de 18 años. El juez legalizó las capturas y dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
