«El documento jamás pasó por la Secretaría de la Comisión ni ha sido formalmente radicado», aseguró el representante Alejandro Ocampo. Mientras tanto, el representante Alirio Uribe sostuvo inicialmente que el auto conocido públicamente «nunca ha sido radicado en la Secretaría de la Comisión, no se ha debatido y jurídicamente no existe»y luego publicó que se había radicado.
Una fuerte controversia política y jurídica se desató este miércoles 10 de junio luego de conocerse un documento atribuido a la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en el que se ordenaría la suspensión provisional del presidente de la República, Gustavo Petro, hasta el próximo 21 de junio, fecha en la que se realizará la segunda vuelta presidencial.
La divulgación del documento generó de inmediato reacciones entre congresistas, juristas y miembros de la propia Comisión de Acusaciones, quienes cuestionaron el alcance legal de la decisión y el procedimiento utilizado.
¿Quién es Gloria Arizabaleta?
Gloria Arizabaleta es representante a la Cámara por el departamento del Valle del Cauca y pertenece al Pacto Histórico. Es abogada de profesión y actualmente ejerce como presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, conocida popularmente como la «Comisión de Acusaciones».
En las últimas semanas había sido noticia por haber suscrito, junto con el representante Wilmer Carrillo, un salvamento de voto en el que solicitaron llamar a indagatoria al presidente Gustavo Petro dentro de las investigaciones relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de 2022.
Ahora vuelve a ocupar el centro del debate nacional tras conocerse el auto mediante el cual ordenaría la suspensión provisional del mandatario por una presunta intervención en política.
¿Qué es la Comisión de Acusaciones?
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es el órgano constitucional encargado de investigar a altos funcionarios aforados del Estado, entre ellos:
- El Presidente de la República.
- Los magistrados de las altas cortes.
- El Fiscal General de la Nación.
- El Procurador General.
- El Defensor del Pueblo.
Su función principal consiste en adelantar investigaciones preliminares, recaudar pruebas y determinar si existen méritos para formular una acusación ante la Cámara de Representantes y, posteriormente, ante el Senado de la República cuando corresponda.
Por esa razón es conocida como el órgano que investiga al Presidente y a los máximos funcionarios del Estado.
¿Puede una sola representante suspender al Presidente?
Expertos consultados sobre el funcionamiento de la Comisión coinciden en que las decisiones que afectan al Presidente de la República están sujetas a procedimientos constitucionales y legales específicos, que involucran la actuación de investigadores designados, la Comisión de Acusaciones, la plenaria de la Cámara y, dependiendo del caso, el Senado de la República.
Fuentes jurídicas consultadas señalaron que una medida de la magnitud de suspender provisionalmente al jefe de Estado requeriría un trámite formal dentro de la investigación y no correspondería a una decisión unilateral adoptada exclusivamente por la presidenta de la Comisión.
Precisamente ese es uno de los puntos que hoy genera mayor controversia.
Los cuestionamientos dentro de la misma Comisión
El representante Alejandro Ocampo, integrante de la Comisión de Acusaciones, aseguró que la célula legislativa no ha adoptado ninguna decisión contra el presidente Petro.
Según explicó, el documento conocido públicamente carece de efectos jurídicos porque no habría sido sometido al trámite correspondiente.
«El documento jamás pasó por la Secretaría de la Comisión ni ha sido formalmente radicado», afirmó el congresista.
Por su parte, el representante Alirio Uribe señaló que el supuesto auto «nunca ha sido radicado en la Secretaría de la Comisión, no se ha debatido y jurídicamente no existe».
Las declaraciones de ambos congresistas apuntan a que el documento divulgado no habría surtido los procedimientos internos exigidos para producir efectos legales.
¿Quiénes integran la Comisión de Acusaciones?
Actualmente la Comisión de Investigación y Acusación está conformada por representantes de distintas bancadas políticas:
- Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico) – Presidenta.
- Alirio Uribe (Pacto Histórico).
- Alejandro Ocampo (Pacto Histórico).
- Katherine Miranda (Alianza Verde).
- Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde).
- Kelyn González (Partido Liberal).
- José Octavio Cardona (Partido Liberal).
- María Julia Lopera (Partido Liberal).
- Juan Carlos Wills (Partido Conservador).
- Daniel Restrepo (Partido Conservador).
- Jorge Eliécer Tamayo (Partido de la U).
- Wilmer Carrillo (Partido de la U).
- Carlos Alberto Cuenca (Cambio Radical).
- William Ferney Aljure (Curul de Paz).
- Jorge Rodrigo Tovar (Curul de Paz).
- Hernán Cadavid (Centro Democrático).
- Óscar Villamizar (Centro Democrático).
La explicación sobre el documento
De acuerdo con las versiones entregadas por varios integrantes de la Comisión, Gloria Arizabaleta habría manifestado ante sus compañeros que el texto divulgado correspondería a un borrador que permanecía almacenado en su teléfono celular y que, según su versión, habría sido extraído y difundido sin autorización.
Sin embargo, hasta el momento no existe una posición oficial unificada de la Comisión sobre la autenticidad, alcance o efectos jurídicos del documento.
¿Qué sigue ahora?
La controversia podría derivar en pronunciamientos de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, de la propia Comisión de Acusaciones e incluso de organismos judiciales encargados de interpretar el alcance de las facultades constitucionales de ese órgano.
Mientras tanto, el debate continúa centrado en una pregunta fundamental: si la presidenta de la Comisión tenía o no competencia para adoptar una medida de suspensión provisional contra el Presidente de la República sin una decisión previa de la corporación y sin que el documento hubiera surtido el trámite formal correspondiente.
La discusión jurídica apenas comienza y podría convertirse en uno de los episodios institucionales más controvertidos del actual proceso electoral.