El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, radicó un proyecto de reforma a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras 1448 de 2011 que afronta problemas estructurales para la reparación a las víctimas después de más de 10 años de su sanción. La iniciativa reconoce la deuda histórica con las víctimas del conflicto armado y los importantes retos que tiene el Estado frente al proceso de su reparación integral.
El proyecto de la Defensoría del Pueblo apunta hacia la generación de técnicas y programas de atención y reparación a víctimas desde un enfoque de exigibilidad de derechos. Suma tres artículos nuevos a la Ley 1448 y tiene como fin modificar 28 de sus artículos y otras disposiciones para reconocer de forma integral la situación actual de las víctimas del conflicto armado interno, teniendo en cuenta las particularidades de los territorios y profundas diferencias culturales de la nación.
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“La iniciativa legislativa que presentamos fomenta el tránsito hacia un enfoque de derechos exigibles y prácticos para las víctimas, reconoce los derechos de niñas, niños y jóvenes desde su integralidad, afronta el nefasto hecho de la orfandad de los menores de edad víctimas del conflicto, aborda de forma amplia los derechos de las víctimas en el exterior, fortalece el derecho a la participación como aspecto cardinal para la reconciliación e instituye enfoques diferenciales de mayor rigor para el reconocimiento de las diversidades en el país”, aseguró el Defensor del Pueblo.
“Hemos comprendido la necesidad de optar por un enfoque integral de derechos humanos, porque desde la Defensoría del Pueblo entendemos que la dignificación de las víctimas se construye a través de la garantía real y práctica de sus derechos económicos, sociales y culturales, en aras de lograr las trasformaciones fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía de las víctimas en Colombia”, añadió Carlos Camargo Assis.
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La Defensoría del Pueblo reconoce los esfuerzos del Gobierno Nacional por avanzar en el proceso de reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia, pero, sin duda alguna, identifica que aún subsisten obstáculos y retos tanto para la correcta implementación de la Ley de Víctimas como para el proceso de reparación integral que conlleva.
“Este proyecto de ley es el resultado de un ejercicio descentralizado en el que obtuvimos aportes y recomendaciones a través de una encuesta aplicada en los territorios y en el proceso de acompañamiento a las mesas departamentales de víctimas en Vichada, Boyacá, Nariño, Cauca, Quindío, Tolima, Caldas y Valle del Cauca, entre otros lugares claves, en un proceso de escucha activa, en el que también participaron las entidades que componen el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas”, afirmó el Defensor del Pueblo.
