La decisión de la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, de expedir un auto mediante el cual ordena la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro hasta el próximo 21 de junio, continúa generando una intensa controversia política y jurídica en el país.
La medida, adoptada en el marco de una investigación por presunta participación en política del jefe de Estado durante la campaña presidencial, abrió un debate sobre las competencias de la Comisión de Acusaciones y la viabilidad constitucional de apartar temporalmente del cargo al Presidente de la República mediante una decisión individual de una congresista.
Cambio de versión sobre el documento
Uno de los hechos que ha llamado la atención es la evolución de las declaraciones del representante a la Cámara Alirio Uribe, integrante de la Comisión de Acusaciones.
Inicialmente, el congresista aseguró que el documento conocido por la opinión pública no tenía existencia jurídica debido a que no había sido radicado oficialmente ante la Secretaría de la Comisión.
«El auto que presentan de la Comisión de Acusaciones donde se suspende al Presidente nunca ha sido radicado en la Secretaría de la Comisión, por lo que no se ha debatido, es inexistente, parece una filtración de un borrador que jurídicamente no existe«, manifestó en un primer mensaje divulgado en la red social X.
Sin embargo, horas después informó que el documento sí había sido presentado formalmente.
«Me informan de la Secretaría que ya se radicó formalmente el auto de la representante Gloria Arizabaleta que se filtró a medios«, señaló posteriormente.
A pesar de ello, Uribe sostuvo que la decisión sigue careciendo de sustento constitucional y explicó que el procedimiento previsto para investigar y eventualmente sancionar a altos funcionarios del Estado exige la participación de distintas instancias del Congreso.
«Solo el Senado puede decretar la suspensión»
En una serie de pronunciamientos, Alirio Uribe argumentó que los artículos 175 y 194 de la Constitución establecen que la suspensión del Presidente únicamente puede ser decretada por el Senado de la República y que previamente debe existir una acusación formal.
El representante sostuvo que ninguna interpretación jurídica permitiría que una sola integrante de la Comisión de Acusaciones suspenda unilateralmente a un aforado constitucional.
«El proceso constitucional supone la intervención tanto del pleno de la Comisión de Investigación y Acusación como de las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado», afirmó.
Además, advirtió que aceptar una decisión de este tipo podría convertirse en un precedente que permitiría a cualquier integrante de la Comisión suspender de manera unilateral a presidentes, fiscales generales o magistrados de las altas cortes.
Gobierno rechaza la medida
Desde el Gobierno Nacional también se produjeron fuertes reacciones frente al auto expedido por Arizabaleta.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la Comisión de Acusaciones no tiene competencia para suspender al Presidente de la República.
«En derecho, no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al Presidente porque es una comisión de instrucción. Solo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente«, afirmó el funcionario.
Benedetti agregó que ni siquiera la Comisión como órgano colegiado tendría esa facultad en esta etapa procesal y mucho menos una sola representante.
«La Comisión de Acusaciones no puede suspender al Presidente de la República, y menos la voluntad de una sola representante», señaló.
Cuestionamientos desde distintos sectores políticos
Las críticas a la decisión también llegaron desde sectores de oposición.
La senadora María Fernanda Cabal calificó como «muy grave» la actuación de la presidenta de la Comisión de Acusaciones y sostuvo que la medida excede las competencias constitucionales del organismo.
«La Comisión de Acusaciones no tiene esa competencia que parece más un favor para que Petro se victimice y arme un lío en el país. Solo el Senado puede decretar la suspensión», manifestó.
Alejandro Ocampo asegura que el auto no tiene validez
Otro de los integrantes de la Comisión de Acusaciones, el representante Alejandro Ocampo, afirmó que el documento carece de eficacia jurídica y que la Comisión nunca ha tomado una decisión colectiva para suspender al mandatario.
Según explicó, un investigador individual no posee facultades para adoptar una medida de esa naturaleza.
«La Comisión de Acusaciones no ha tomado ninguna decisión contra el presidente. Un investigador no puede suspender un Presidente de la República», afirmó.
Ocampo señaló además que cualquier actuación de esta naturaleza requeriría la participación y discusión de los integrantes de la célula legislativa.
Debate constitucional
La controversia también abrió un amplio debate jurídico sobre los alcances de la Comisión de Acusaciones.
Diversos sectores sostienen que la Constitución reserva exclusivamente al Senado la facultad de suspender al Presidente de la República, siempre que exista previamente una acusación formulada por la Cámara de Representantes.
Bajo esa interpretación, la Comisión de Acusaciones cumple funciones de investigación y acusación, pero no tendría competencia para apartar del cargo al jefe de Estado mediante una decisión individual de uno de sus integrantes.
Otros sectores sostienen que la discusión deberá resolverse mediante los mecanismos judiciales correspondientes y advierten que podrían presentarse acciones constitucionales para definir la legalidad de la medida.
Petro continúa ejerciendo sus funciones
Mientras continúa la controversia jurídica y política, el presidente Gustavo Petro sigue ejerciendo plenamente sus funciones constitucionales.
Hasta el momento no existe una decisión del Senado de la República ni una acusación aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes que produzca efectos sobre la continuidad del mandatario en el ejercicio del cargo.
La discusión se desarrolla a pocos días de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, en medio de un ambiente político marcado por la polarización y los debates sobre la participación del jefe de Estado en la campaña electoral.