Fecha: 21 de julio de 2025
Por: Redacción Política
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El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó este 20 de julio en el Congreso de la República el proyecto de ley que establece un tratamiento penal diferenciado para el sometimiento y desmantelamiento de organizaciones criminales. La propuesta, que hace parte de la estrategia de Paz Total, busca abrir un nuevo camino legal para que grupos armados y estructuras del crimen organizado se acojan a la justicia bajo un modelo de justicia transicional mixta.
“Se equivoca quien diga que este es un proyecto de ley para favorecer la impunidad. Este proyecto tiene un mínimo de retribución, es decir, contempla penas privativas de la libertad”, advirtió el ministro Montealegre.
Un modelo intermedio y sin amnistías
Según el funcionario a diferencia de experiencias anteriores, el articulado no crea una jurisdicción especial ni estructuras paralelas, sino que plantea una vía legal sustentada en el sistema judicial ordinario, utilizando mecanismos como la Fiscalía y los jueces penales. Según Montealegre, este modelo representa una «tercera vía» entre Justicia y Paz y la JEP.
“Es una nueva oportunidad para todos los actores del conflicto y los grupos armados al margen de la ley, incluyendo a quienes fueron excluidos de procesos como la JEP o Justicia y Paz”, explicó el ministro.
Reglas claras para los beneficiarios
Uno de los puntos clave del proyecto es el compromiso colectivo previo para que un grupo pueda iniciar el proceso de sometimiento:
“El requisito es un compromiso de cese inmediato, entrega de secuestrados, armas, reclutados, con compromisos serios. No se pueden entrar a los casos individuales, si no existe un marco general que exige expresamente cesar actividades de todo el grupo”, explicó Montealegre.
Penas efectivas, rebajas condicionadas y enfoque restaurativo
El proyecto de ley contempla penas entre 5 y 8 años de privación efectiva de libertad para los máximos responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad y otras violaciones graves. Además, se prevén rebajas del 40 % al 60 % para quienes colaboren eficazmente en la desarticulación de las estructuras ilegales.
“Hay un mínimo de pena privativa de la libertad… y todos aquellos jóvenes que fueron investigados y juzgados con ocasión de la protesta social tendrán una rebaja del 70 % de la pena”, añadió Montealegre.
Garantías para las víctimas y desmantelamiento del crimen organizado
El proyecto incluye mecanismos de verdad, reparación y no repetición, que serán obligatorios para los beneficiarios. Igualmente, se exige la entrega total de los bienes ilícitos y la colaboración activa en el desmantelamiento de economías criminales.
“Queremos que esta ley sirva para debilitar la criminalidad, no para legitimarla”, afirmó el titular de la cartera de Justicia.
Extractos clave del proyecto de ley
Artículo 1 – Objeto:
«Se establece un tratamiento penal diferenciado para el desmantelamiento y sometimiento de organizaciones al margen de la ley, y reglas para la consolidación de la paz total, el orden público y la seguridad ciudadana.»
Artículo 22 – Tratamiento penal especial:
«Se aplicará una pena alternativa privativa de libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años…»
Artículo 23 – Lugares de reclusión:
«La privación de la libertad se llevará a cabo en espacios rurales o urbanos para la construcción de la paz… diferentes a los establecimientos del sistema penitenciario vigente.»
Artículo 36 – Colaboración eficaz:
«Para acceder a los mecanismos de sometimiento… debe haber un acuerdo de desmantelamiento, entrega total de bienes, verdad plena y cese de la actividad delictiva.»
Artículo 37 – Rebajas de pena:
«Se rebajará el monto de la pena entre un 40 % y un 60 % según el grado de colaboración y reparación.»
Artículo 46 – Protesta social:
«Se aplicará a quienes hayan cometido delitos en el marco de la protesta social, incluyendo rebajas de hasta un 70 %.»
¿Qué sigue?
El proyecto deberá superar cuatro debates en el Congreso antes de convertirse en ley. Desde ya, el Gobierno apuesta por su aprobación como una herramienta clave para avanzar en el desmantelamiento de grupos ilegales, combatir el narcotráfico y asegurar la justicia para las víctimas. Mientras tanto, sectores políticos y organizaciones sociales se alistan para participar del debate legislativo que promete ser intenso y determinante.
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