La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el intendente Óscar Eduardo Hernández y el patrullero Pablo Alberto Montero Sanjuan de la Policía Nacional de Urabá por haber realizado acuerdos con el grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo.
- El Ministerio Público pudo establecer que los involucrados utilizaron sus cargos para facilitar los actos delictivos cometidos por el grupo armado ilegal.
- El órgano de control determinó que el intendente y el patrullero de la Policía Nacional realizaron acuerdos con el grupo armado ilegal a cambio de dinero.
El Ministerio Público pudo establecer que Hernández, apoyado en su cargo y funciones, inició un acuerdo con miembros del Clan del Golfo, subestructura “Carlos Vásquez”, para entregar periódicamente información sobre la presencia de la fuerza pública en la zona y operativos contra éstos.
Así mismo, no perseguirlos o ejercer controles contra sus integrantes o sus acciones. Estos comportamientos, que presuntamente se realizaron de manera permanente hasta el día de su captura el 22 de mayo de 2020, fueron cometidos a cambio de una remuneración económica.
Por su parte, el patrullero inició un acuerdo a través del intendente Hernández, para no perseguirlos ni ejercer actos que obstaculizaran su actuar delictivo. Estos acontecimientos se dieron cuando Montero se desempeñaba como secretario de la subestación de la Policía del corregimiento de Pavarandó, municipio de Mutatá en Antioquia, durante el período del 10 de marzo de 2018 hasta el 01 de junio de 2019.
Los señalamientos se hicieron mientras desempeñó sus funciones adscrito al departamento de Policía de Urabá y hasta el momento en el que fue capturado, el pasado 22 de mayo de 2020. El patrullero solicitaba dinero, además de recibir una contraprestación mensual que presuntamente repartía con el intendente Óscar Eduardo Hernández.
