La Procuraduría inhabilitó y destituyo a Oneida Pinto, exgobernadora de La Guajira, por los próximos diez años, la decisión fue tomada porque al parecer la exfuncionaria habría incurrido en irregularidades en un contrato por 20.000 millones de pesos para la “implementación de estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del sector educativo mediante e corredor digital en el departamento de La Guajira”.
El Ministerio Público determinó que Pinto suscribió un contrato con la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (FUNTICS) en un proceso en el que, a su vez, ella participó, faltando a los principios de transparencia y responsabilidad en la contratación estatal.
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La Entidad estableció que “no existe análisis y justificación por parte de la entidad territorial para dar sustento a los requisitos de experiencia solicitados en el proceso de Licitatorio Público No. 033 de 2015, es decir, en no existe ningún estudio que permitiera determinar con imparcialidad, desde el punto de vista objetivo, que este requerimiento obedecía a un análisis conforme al objeto a contratar y a la cuantía del contrato”.
La restricción fijada ocasionó que a la licitación solo concurriera un proponente y que, en consecuencia, la Entidad no tuviera la oportunidad de realizar una comparación de ofertas para elegir.
En su momento, el Ministerio Público a través de su delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública,advirtió en un informe de cinco puntos que podrían presentarse irregularidades en este proceso licitatorio adelantado por la Gobernación de La Guajira; sin embargo, a pesar de ello el proceso siguió su curso.