En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad general por 10 años contra el exalcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia Ramos (2012 – 2015), por el manejo y desvío de recursos del sector de educación destinados a las niñas, niños y adolescentes del distrito portuario y que terminó siendo pagado a niños fantasmas.
El Ente de control sostuvo que el exmandatario provocó un detrimento patrimonial superior a los $ 2.000 millones desvío de recursos destinados a la educación de niñas, niños y adolescentes.
La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular sostuvo que el disciplinado destinó cerca de $ 3.500 millones del Sistema General de Participaciones para pagar dos contratos de prestación de servicios educativos para 3.880 estudiantes de los que 2.321 resultaron ser alumnos inexistentes.
En el mismo sentido, resaltó que con su actuación el exmandatario provocó un detrimento patrimonial durante las vigencias 2014 y 2015, al omitir el cuidado de los recursos al que estaba obligado como autoridad de contratación del Distrito.
De igual manera, el Ministerio Público ratificó que Valencia Ramos incluyó en el banco de oferentes a un centro docente que no cumplía con los requisitos de reconocida trayectoria, idoneidad e infraestructura, a pesar de lo que posteriormente celebró con el mismo cuatro contratos más.
Para la Entidad, el exalcalde vulneró el principio de responsabilidad que regula la contratación administrativa y estatal, al no asegurar que los recursos se destinaran a prestar un servicio educativo de calidad, por lo que calificó de manera definitiva los dos cargos como faltas gravísimas cometidas a título de culpa gravísima.
