El organismo concluyó que la falta de entrega oportuna del medicamento requerido por el menor incidió en el deterioro de su estado de salud. Además, pidió abrir investigaciones disciplinarias y trasladar copias a la Fiscalía.
La Procuraduría General de la Nación concluyó que en el caso del menor Kevin Arley Acosta Pico, de 7 años, hubo fallas graves en la garantía de su atención en salud, relacionadas con la falta de suministro oportuno del medicamento que requería para tratar su hemofilia tipo A severa. Según el organismo, esta situación incidió en el deterioro de su estado de salud y pudo haber contribuido en el desenlace fatal registrado el 13 de febrero de 2026.
El caso quedó consignado en un informe en el que la entidad reconstruyó la ruta de atención del menor y evaluó las condiciones en las que se produjo la interrupción de su tratamiento. La Procuraduría señaló que Kevin permaneció durante un periodo prolongado sin recibir el medicamento Emicizumab, indispensable para controlar su trastorno de coagulación, lo que lo habría dejado en una condición clínica de alta vulnerabilidad.
Qué ocurrió en el caso de Kevin Acosta
De acuerdo con los hechos documentados, Kevin Arley Acosta Pico sufrió un accidente en bicicleta en el departamento del Huila, situación que desencadenó una hemorragia que no pudo ser controlada de manera efectiva. El menor fue atendido inicialmente en la ESE Camilo Trujillo Silva de Palestina, luego trasladado al Hospital Departamental San Antonio de Pitalito y finalmente remitido vía aérea al Hospital La Misericordia, en Bogotá, donde falleció en una unidad de cuidados intensivos.
La Procuraduría estableció que el niño estaba afiliado a la Nueva EPS, entidad responsable de asegurar la continuidad del tratamiento requerido por su enfermedad. En este caso, la atención del menor dependía del acceso ininterrumpido a un medicamento esencial para prevenir sangrados severos asociados a la hemofilia A.
Lo que encontró la Procuraduría
El informe determinó que la atención del menor se vio afectada por problemas en la red de prestación de servicios contratada por la Nueva EPS. Kevin había sido atendido por la IPS Medicarte hasta el 31 de diciembre de 2025, fecha en la que finalizó el contrato con la EPS. Según la información recopilada, esa relación terminó en medio de incumplimientos de pago por parte de la aseguradora.
Posteriormente, la IPS Integral Solutions SD SAS, que debía asumir la continuidad del servicio, tampoco habría podido garantizar la atención, también por falta de recursos y de articulación administrativa. Cuando ocurrió la emergencia que llevó al menor a ser hospitalizado, Kevin no tenía una IPS asignada para continuar su tratamiento.
La Procuraduría concluyó que la EPS presuntamente incurrió en una omisión administrativa grave al no garantizar el suministro oportuno del medicamento, ni asegurar la continuidad, integralidad y oportunidad en la prestación del servicio de salud. También advirtió posibles fallas en el traslado de historias clínicas, en la articulación entre prestadores y en la gestión necesaria para mantener activo el tratamiento del paciente.
Investigación disciplinaria y traslado penal a la Fiscalía
Tras estos hallazgos, la Procuraduría anunció que abrirá investigación disciplinaria para establecer eventuales responsabilidades por las fallas detectadas en el caso. En particular, ordenó que se evalúe la posible responsabilidad de los actores involucrados en la operación de la Nueva EPS, así como de otros integrantes del sistema de salud que hayan podido incidir en la atención del menor.
Además, el organismo dispuso la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que esa entidad determine si existen responsabilidades penales relacionadas con la muerte de Kevin Acosta.
Alerta por otros pacientes con hemofilia
Más allá del caso individual, la Procuraduría advirtió que la situación podría afectar a un número mucho mayor de usuarios. De acuerdo con la información recopilada, cerca de 2.000 pacientes con hemofilia que estaban adscritos primero a Medicarte y luego a Integral Solutions podrían enfrentar riesgos por falta de atención médica asegurada.
La entidad señaló que esta situación refleja un problema más amplio en la continuidad de la atención de pacientes con enfermedades de alto costo, en medio de dificultades operativas y financieras que comprometen la red de servicios de la Nueva EPS.
Un caso que expone problemas estructurales
En su análisis, la Procuraduría también subrayó el impacto que tiene la operación de la Nueva EPS dentro del sistema de salud, al tratarse de la aseguradora con mayor número de afiliados en el país. Según el informe, la entidad concentra 11,7 millones de afiliados, equivalentes al 22 % del total nacional, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento tiene efectos directos sobre pacientes, clínicas, hospitales y proveedores.
El organismo advirtió que el caso de Kevin Acosta no solo debe examinarse como un hecho aislado, sino como una señal de alerta frente a las fallas de coordinación, pago y continuidad que hoy podrían comprometer la atención de personas con enfermedades crónicas, congénitas y de alto costo.
Contexto del caso
Kevin Arley Acosta Pico era un menor de 7 años diagnosticado con hemofilia A severa, una enfermedad congénita que afecta la coagulación de la sangre y que exige tratamiento permanente para evitar episodios hemorrágicos graves. De acuerdo con la Procuraduría, la interrupción de ese tratamiento lo dejó en una situación de riesgo vital que, finalmente, coincidió con la emergencia médica que antecedió su fallecimiento.
Con base en estas conclusiones, ahora serán las autoridades disciplinarias y judiciales las encargadas de definir si las omisiones detectadas derivan en sanciones o en responsabilidades de otro orden.