Bogotá, 30 de julio de 2025 – Un nuevo capítulo en la crisis del suministro de pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Procuraduría General de la Nación ordenó apertura de investigación disciplinaria contra la canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, por presuntas irregularidades en la firma del convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia para la fabricación de los pasaportes.
La polémica gira en torno a un acuerdo suscrito el pasado 18 de julio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional para la elaboración de los pasaportes colombianos. Según la Procuraduría, el convenio podría haber transgredido los principios de planeación y economía que rigen la contratación pública.
“No existen los documentos y estudios previos que sustenten la celebración del convenio”, afirmó el órgano de control en un comunicado oficial.
La medida también cobija a la gerente de la Imprenta Nacional y a la secretaria general (e) del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Más funcionarios bajo la lupa
La investigación no se limita a la canciller (e). También incluye a Alba Liliana León Herrera, gerente de la Imprenta Nacional, y a Elvira de las Mercedes Sanabria, secretaria general encargada del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Procuraduría cuestiona la legalidad del acto mediante el cual se delegó en Sanabria la facultad de celebrar el convenio.
Adicionalmente, el Ministerio Público hizo una advertencia grave sobre el riesgo de una posible crisis de suministro de pasaportes, señalando fallas estructurales en la planeación del nuevo esquema para su expedición.
Este nuevo escándalo se da en medio de una serie de decisiones cuestionadas en la política exterior del país, y mientras el presidente Gustavo Petro anunciaba hace apenas días la firma de un acuerdo con Portugal para implementar un nuevo modelo de pasaportes. No obstante, los detalles del convenio con la Imprenta Nacional han generado dudas sobre si se están respetando los procesos legales que garantizan transparencia y eficiencia en la contratación estatal.
Redacción Política
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