El Acto de Reconocimiento de Responsabilidad por el exterminio de la Unión Patriótica, programado para este viernes, debía ser un espacio solemne en el que el presidente pediría perdón en nombre del Estado colombiano por los crímenes cometidos contra este movimiento político surgido de un proceso de paz en la década de los 80. El evento, que fue contratado por un costo de $3.700 millones a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, tenía como objetivo acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitido el 30 de enero de 2023. Dicho fallo responsabiliza al Estado por crímenes que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamientos, y torturas contra miembros de la UP.
El genocidio de la Unión Patriótica fue una de las páginas más oscuras en la historia reciente de Colombia. Según la sentencia de la CIDH, al menos 3.170 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 1.596 de desplazamientos forzados, y 521 de desapariciones forzadas fueron documentadas, entre otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su contra.
Aunque el evento fue aplazado, Petro se dirigió a las víctimas a través de un comunicado, reafirmando su compromiso con el reconocimiento y la reparación: «Hoy acompaño a todas las víctimas y, como jefe de Estado, quiero pedir perdón por las atrocidades cometidas contra la Unión Patriótica«.
En medio de la suspensión de actividades de Petro, la vicepresidenta Francia Márquez fue la encargada de asumir algunos de los compromisos de la agenda. En particular, Márquez liderará la entrega de tierras en Santander de Quilichao, Cauca, un acto que también formaba parte de la agenda de Petro y que representa una de las prioridades del gobierno en su política de restitución de tierras y reconciliación en regiones afectadas por el conflicto armado.