La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta urgente por el creciente número de casos de violencia contra la población transgénero en Colombia, con un énfasis particular en las mujeres trans, quienes continúan siendo las principales víctimas debido a su identidad de género.
En lo que va del año, la entidad ha atendido 258 casos de violencia por prejuicio, un aumento significativo del 29.6% respecto al mismo periodo en 2023, cuando se registraron 199 casos. Esta cifra refleja no solo una mayor visibilidad de los casos, sino también una escalada en los actos violentos dirigidos contra personas transgénero, particularmente mujeres.
Los departamentos más afectados por esta violencia son Norte de Santander, Santander, Meta, Valle del Cauca y Antioquia, donde se han registrado la mayoría de los incidentes. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, hasta octubre de este año han sido asesinadas 26 personas transgénero, lo que implica que, en promedio, dos personas de esta población han perdido la vida cada mes debido a actos de violencia. La violencia física, psicológica y sexual contra mujeres trans es una de las formas más comunes de agresión, y las cifras siguen en aumento.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, hizo un llamado al Gobierno nacional para tomar medidas concretas en defensa de la población transgénero. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Memoria Trans, la Defensoría instó al Estado a implementar una protección efectiva para esta población y a resolver los problemas jurídicos relacionados con el Ministerio de la Igualdad y Equidad. Además, destacó la necesidad urgente de actualizar y poner en marcha la Política Pública Nacional LGBTI, que fue ordenada desde 2011 pero que aún no se ha materializado adecuadamente.
Otro aspecto clave señalado por la Defensoría es la importancia de poner en funcionamiento el ‘Mecanismo para la Prevención y Atención Integral de Violencias y Actos de Discriminación a Población LGBTIQ+’. Esta herramienta es fundamental para proteger los derechos de las personas LGBTI ante posibles cambios de gobierno que no garanticen su bienestar y seguridad.
Además, la Defensoría del Pueblo ha señalado que la violencia institucional sigue siendo uno de los mayores obstáculos para la población transgénero. En lo que va del año, la entidad ha atendido 78 casos relacionados con barreras en el acceso a servicios de salud, 47 en contextos penitenciarios y carcelarios, y 41 más vinculados a obstáculos para acceder a la justicia. Esta violencia institucional perpetúa la discriminación y revictimización de las personas trans, que a menudo enfrentan el rechazo y la exclusión en los espacios públicos y privados que deberían ofrecerles protección.
Si bien Colombia ha logrado avances en términos constitucionales y legales para la protección de los derechos de las personas LGBTI, persisten barreras importantes que ponen en grave peligro la vida de las personas transgénero. La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las instituciones estatales para que capaciten a su personal en los derechos de la población LGBTI, de manera que se pueda garantizar su acceso a la justicia, la salud y otros servicios esenciales sin discriminación.