La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, expresó su alarma frente a la creciente ola de violencia organizada que afecta a las comunidades de Putumayo, Caquetá, Cesar y Guaviare.
Los recientes enfrentamientos, secuestros y masacres en estas regiones evidencian el deterioro de la seguridad y el impacto devastador sobre la población civil.
En Puerto Guzmán, Putumayo, se vivió un enfrentamiento entre las disidencias al mando de alias Calarcá y el grupo Comandos de Frontera, dejando un saldo preliminar de 11 muertos, presuntamente integrantes de estas estructuras armadas. Este hecho, ocurrido en las veredas Laureles y Puerto Mina, refleja la intensidad del conflicto en el sur del país.
Mientras tanto, en Caquetá, se reportaron dos casos de privación de la libertad de mujeres en los municipios de Cartagena del Chairá y El Paujil, durante octubre y noviembre. Entre las víctimas, se encuentra una mujer embarazada, lo que agrava la situación humanitaria en la región.
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En Cesar, el panorama no es menos preocupante. El 24 de octubre, en la Serranía del Perijá, el ELN secuestró a siete miembros del Frente 19 del Estado Mayor de los Bloques, incluido un menor de edad. Aún se desconoce su paradero. Además, en el municipio de La Paz, dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron privados de la libertad por el Frente 19 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc, bajo acusaciones de robo a campesinos y ganaderos.
Finalmente, en Guaviare, el 2 de diciembre, una masacre en la vereda Puerto Cumare dejó cuatro personas muertas y una mujer herida. Entre las víctimas se encuentra un psicólogo que prestaba servicios al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
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Ante estos acontecimientos, la Defensora del Pueblo exigió a los grupos armados ilegales respetar el derecho internacional humanitario (DIH). “Es fundamental garantizar los principios de precaución, proporcionalidad y distinción respecto a los civiles y a quienes no participan directamente en las hostilidades”, afirmó Marín Ortiz. Además, hizo un llamado a tratar con dignidad los cuerpos de las personas fallecidas en el contexto del conflicto armado, como lo establece el DIH, para prevenir actos de desaparición forzada.
La Defensoría del Pueblo continúa monitoreando estos hechos e instando al cese de la violencia para proteger la vida y los derechos de las comunidades más afectadas por el conflicto armado en Colombia.