El expresidente Gustavo Petro cuestionó el alcance del informe presentado por el gobierno de Abelardo De La Espriella y afirmó que los 23 hechos expuestos corresponden a decisiones de gobierno que fueron defendidas durante su administración.
Bogotá. El expresidente Gustavo Petro reaccionó a la publicación del denominado ‘Libro de la Verdad’, documento entregado por el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría General de la República, en el que se exponen presuntas irregularidades detectadas en más de 20 sectores del Estado durante la administración anterior.
A través de su cuenta en la red social X, Petro rechazó las conclusiones del informe y cuestionó su validez jurídica. El exmandatario aseguró que “no hay libro forense entregado por el presidente Abelardo a la Fiscalía”, restándole alcance probatorio a los hallazgos presentados por el actual Gobierno.
Asimismo, defendió las actuaciones de su administración y sostuvo que las situaciones descritas en el documento no constituyen hechos delictivos. Según escribió,“los 23 hechos señalados son políticas públicas que hemos defendido y no son delito”.
Petro agregó que cualquier conducta ilegal debe ser investigada y sancionada por las autoridades competentes, aunque recordó antecedentes de informes similares elaborados por gobiernos territoriales.“En donde haya algún delito, su merecido es la pena. Pero como pasó en Antioquia, el famoso libro blanco terminó sin acusados”, señaló el exjefe de Estado, en referencia al informe presentado por el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez sobre la administración de Daniel Quintero.
La respuesta del dirigente de izquierda se produjo un día después de que el presidente Abelardo De La Espriella liderara la entrega oficial del ‘Libro de la Verdad’, un documento elaborado por los distintos ministerios y entidades del Gobierno Nacional, en el que se expone un balance crítico de la gestión de la administración Petro y se identifican presuntas fallas estructurales que, según el Ejecutivo, facilitaron escenarios de corrupción y descontrol administrativo.
Las alertas planteadas por el Gobierno
De acuerdo con el informe, uno de los principales problemas detectados habría sido la pérdida del rigor técnico en la administración pública, situación que, según el documento, permitió reemplazar criterios de mérito por consideraciones políticas en distintos procesos de nombramiento y contratación.
El reporte también advierte sobre ocho comportamientos considerados nocivos para el funcionamiento del Estado, entre ellos el deterioro de la capacidad tecnológica institucional, la opacidad en el manejo de la información pública, la parálisis operativa de algunas entidades, la concentración del poder contractual, el incremento de riesgos jurídicos para la Nación, la expansión de economías criminales en varios territorios, la fragmentación institucional y las restricciones fiscales heredadas al nuevo Gobierno.
El documento dedica un capítulo especial a diez casos que, según la administración De La Espriella, comprometieron la capacidad operativa del Estado colombiano y generaron impactos significativos en materia administrativa, financiera y de gobernabilidad.
El caso UNGRD, uno de los puntos más sensibles
Entre los hallazgos destacados por el actual Gobierno figura la situación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que se convirtió en el epicentro de uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años.
Según el informe, la ejecución de recursos durante el cuatrienio habría sido baja frente a los montos presupuestales asignados. Además, se alertó sobre presuntos recursos pendientes de recuperación relacionados con el escándalo de los carrotanques destinados a La Guajira.
La controversia cobra especial relevancia debido a que la UNGRD tiene actualmente la responsabilidad de coordinar la respuesta institucional frente a la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto.
Aunque Petro ha sostenido que el caso no puede atribuirse a su gobierno como una política institucional, varios de los principales protagonistas del escándalo ya enfrentan decisiones judiciales. Entre ellos figuran Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la entidad que aceptaron responsabilidades ante la justicia. Asimismo, otros exfuncionarios y exaltos cargos han sido vinculados a procesos relacionados con las investigaciones por el presunto saqueo de recursos públicos.
Nóminas paralelas y contratación bajo la lupa
Otro de los aspectos que concentra la atención del ‘Libro de la Verdad’ corresponde al crecimiento de la contratación por prestación de servicios en distintas entidades estatales.
El informe sostiene que durante el gobierno Petro se consolidó un esquema de contratación masiva a través de órdenes de prestación de servicios que, según la actual administración, generó obligaciones significativas para el Estado y elevó el nivel de gasto público.
Como ejemplo, el reporte menciona observaciones realizadas por organismos de control sobre el volumen de contratos suscritos en los meses previos a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías y señala incrementos importantes en algunas carteras ministeriales.
Debate político apenas comienza
La reacción de Gustavo Petro marca el inicio de un nuevo enfrentamiento político entre el expresidente y el gobierno de Abelardo De La Espriella. Mientras la administración actual sostiene que el informe constituye una radiografía detallada de las irregularidades encontradas al asumir el poder, el exmandatario insiste en que las conclusiones expuestas corresponden a diferencias sobre modelos de gestión y políticas públicas, no a pruebas de conductas delictivas.
El contenido del ‘Libro de la Verdad’ será ahora objeto de revisión por parte de los organismos de control y de investigación, que deberán determinar si los hallazgos allí consignados constituyen faltas disciplinarias, responsabilidades fiscales o eventuales conductas penales que ameriten la apertura de nuevos procesos.