La diligencia fue programada para el próximo 24 de agosto. La investigación busca establecer responsabilidades por homicidio culposo en la muerte del menor de siete años, quien padecía hemofilia A severa y estuvo cerca de dos meses sin recibir su tratamiento. Paralelamente, la Fiscalía rastrea la presunta manipulación y filtración de su historia clínica, que terminó en manos del entonces presidente Gustavo Petro.
El caso de Kevin Arley Acosta Pico, el niño de siete años cuya muerte en febrero pasado provocó una fuerte controversia nacional por las fallas en la atención de pacientes de la Nueva EPS, entra en una nueva y decisiva etapa judicial.
La Fiscalía General de la Nación citó para el próximo 24 de agosto de 2026 a audiencia de imputación de cargos a varios exdirectivos y funcionarios relacionados con la Nueva EPS, dentro de la investigación que busca esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento del menor.
De acuerdo con la información conocida sobre la citación, el ente investigador pretende formular imputación por el delito de homicidio culposo a Luis Óscar Galvis Mateus, quien se desempeñaba como agente interventor de Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, señalado dentro del proceso por sus funciones de auditoría de concurrencia y gerencia regional; y las funcionarias Jéssica Paola Triana y Diana Marcela Caballero.
La imputación constituye una comunicación formal de los hechos jurídicamente relevantes que la Fiscalía atribuye a los investigados.
La investigación penal pretende determinar si las presuntas omisiones en la prestación de los servicios de salud y en el suministro oportuno del tratamiento que requería Kevin tuvieron incidencia jurídicamente relevante en su fallecimiento.
Kevin estuvo cerca de dos meses sin su tratamiento
Kevin Acosta padecía hemofilia A severa, una enfermedad que afecta la capacidad de coagulación de la sangre y que puede hacer especialmente peligrosas las hemorragias internas después de un golpe.
El menor debía recibir periódicamente tratamiento para controlar su enfermedad. La investigación periodística de La FM señala que Kevin debía aplicarse emicizumab cada 28 días, pero llevaba cerca de dos meses sin recibir una nueva dosis cuando sufrió el accidente que desencadenó su deterioro.
Según los antecedentes recopilados en el proceso, Kevin había sido atendido por Medicarte. Sin embargo, esa IPS terminó su convenio con Nueva EPS el 1.º de enero de 2026. Posteriormente fue direccionado hacia Integral Solutions, donde alcanzó a tener una consulta de hematología por vía telefónica, pero esa institución tampoco tenía vigente el contrato requerido para garantizar la continuidad de su atención.
La controversia sobre el medicamento es uno de los puntos centrales del expediente. Nueva EPS sostuvo inicialmente que Kevin había recibido manejo profiláctico de manera continua entre octubre de 2019 y diciembre de 2025 y señaló que la última dosis certificada había sido aplicada el 14 de diciembre de 2025, por lo que la siguiente correspondía al ciclo de enero de 2026.
La caída en bicicleta que desencadenó la emergencia
El 8 de febrero de 2026, Kevin sufrió una caída mientras montaba bicicleta. El niño se golpeó fuertemente la cabeza y, debido a su condición de hemofilia, el accidente representaba un riesgo particularmente elevado.
Inicialmente fue llevado a urgencias y posteriormente remitido al Hospital San Antonio de Pitalito. La gravedad de su condición llevó finalmente a su traslado a Bogotá, donde permaneció en el Hospital de La Misericordia.
Kevin falleció el 13 de febrero de 2026.
El debate que surgió inmediatamente después de su muerte estuvo centrado en determinar si el desenlace obedeció exclusivamente al trauma craneoencefálico ocasionado por el accidente o si la falta de continuidad en el tratamiento para su hemofilia incrementó el riesgo y contribuyó al resultado fatal.
Nueva EPS sostuvo que la muerte fue consecuencia directa de un trauma craneoencefálico severo accidental que produjo una hemorragia intracraneal.
La familia siempre ha defendido una tesis diferente: que Kevin llegó al accidente en una condición de mayor vulnerabilidad porque llevaba semanas sin recibir oportunamente el medicamento requerido.
Procuraduría concluyó que hubo negligencia de Nueva EPS
Uno de los elementos que dio un giro al caso fue la investigación de la Procuraduría General de la Nación.
En marzo, el Ministerio Público concluyó que existieron omisiones y negligencia por parte de Nueva EPS y sostuvo que la falta de suministro del medicamento puso al niño en una situación clínica crítica. La Procuraduría abrió además investigación disciplinaria contra Luis Óscar Galvis Mateus, quien había sido designado interventor de la EPS.
De acuerdo con la reconstrucción conocida posteriormente, Medicarte dejó de suministrar el tratamiento en medio de problemas contractuales y financieros con Nueva EPS. La IPS que debía asumir posteriormente la atención tampoco habría garantizado la continuidad del medicamento.
Esas circunstancias forman parte ahora del análisis penal de la Fiscalía para establecer responsabilidades individuales.
Fiscalía también investiga qué ocurrió con la historia clínica
Pero la muerte de Kevin abrió una segunda investigación igualmente delicada: la filtración y presunta manipulación de su historia clínica.
La Fiscalía ha venido reconstruyendo la ruta que siguió la información médica reservada del niño y quiénes tuvieron acceso al documento antes de que parte de su contenido terminara en manos del entonces presidente Gustavo Petro.
Según información conocida por La FM, los investigadores han realizado un rastreo «persona por persona» para determinar quién tuvo acceso a los archivos, a quién fueron enviados y cómo llegaron finalmente al entonces jefe de Estado. La investigación también analiza una posible manipulación del documento.
El CTI realizó inspecciones en aproximadamente ocho IPS ubicadas en Huila, Antioquia, Santander, Cauca y Bogotá para establecer cuáles medicamentos y servicios fueron efectivamente suministrados al niño. Los investigadores también han tenido acceso a elementos relacionados con la necropsia practicada por Medicina Legal.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la muerte de Kevin?
El caso escaló hasta convertirse en una controversia política después de los pronunciamientos del entonces presidente Gustavo Petro y del entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Petro defendió públicamente la tesis según la cual el accidente sufrido por Kevin fue determinante en su muerte y cuestionó que un niño con hemofilia realizara actividades que pudieran exponerlo a golpes.
En una de sus intervenciones aseguró que los menores que padecen hemofilia debían tener restricciones frente a determinadas actividades. También reconoció que durante el traslado de la atención de Kevin pudo existir una falla de Nueva EPS: “En ese cambio parece haber una incompetencia de la Nueva EPS”, señaló el entonces mandatario.
Petro también reveló públicamente información médica del niño. En una intervención en La Guajira habló de síntomas registrados después del accidente y leyó apartes relacionados con la historia clínica, actuación que provocó fuertes cuestionamientos debido al carácter reservado de ese documento.
La madre del menor, Yudy Katherine Pico, rechazó la interpretación del Gobierno y aseguró que no podía impedir que su hijo desarrollara actividades propias de un niño. También sostuvo que conocía la enfermedad de Kevin después de siete años de acompañarlo en su tratamiento.
La familia denunció a Petro
La controversia por la divulgación de la información médica terminó trasladándose al terreno judicial.
El 2 de marzo de 2026, el abogado Manuel Vicente Villanueva, en representación de la madre de Kevin, presentó una denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por la divulgación de información reservada relacionada con la historia clínica del menor.
Parte de los elementos recopilados por la Fiscalía en la investigación sobre la ruta de la historia clínica fueron enviados el pasado 6 de agosto a la Comisión de Acusación, organismo competente para investigar los hechos atribuidos a Petro mientras ejercía como presidente.
El caso también ha incluido actuaciones relacionadas con funcionarios del Ministerio de Salud y solicitudes para acceder a documentos reservados, entre ellos el informe de necropsia. Medicina Legal se negó a entregar directamente esa documentación al Ministerio al advertir que hacía parte de una investigación penal y estaba sometida a reserva.
Madre de Kevin pide frenar la salida del país de Gustavo Petro
En medio de estos nuevos avances judiciales, Yudy Katherine Pico, madre de Kevin Acosta, envió en las últimas horas una carta al presidente del Congreso, Norbey Enríquez, en la que solicita que se revise y se deje sin efecto la autorización concedida al expresidente Gustavo Petro para salir del país.
La solicitud se produce mientras continúa en la Comisión de Acusación la investigación derivada de la denuncia presentada por la familia por la divulgación de información médica reservada del menor.
La petición de la madre no implica por sí misma una prohibición de salida del país. Una eventual restricción de esa naturaleza tendría que estar sustentada en las competencias constitucionales y legales de la autoridad correspondiente y en las decisiones que se adopten dentro de los procesos en curso.
La familia ha expresado preocupación por el avance de las investigaciones y ha reclamado que se determinen tanto las responsabilidades por la atención médica que recibió Kevin como por el manejo posterior de su información clínica.
Familia reclama reparación al Estado
El proceso también tiene un componente administrativo.
La familia de Kevin presentó una reclamación contra el Estado que involucra a Nueva EPS, el Ministerio de Salud, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La pretensión inicial supera los $1.800 millones, mientras que dentro de la etapa conciliatoria se planteó una fórmula cercana a $923 millones. La Procuraduría convocó a las partes como paso previo a una eventual demanda de reparación directa.
La familia busca que el Estado reconozca los daños materiales y morales que, asegura, fueron ocasionados por las fallas en la atención de Kevin y por los hechos posteriores a su muerte.
El 24 de agosto, fecha clave
La audiencia prevista para el 24 de agosto será uno de los momentos judiciales más importantes desde que comenzó la investigación por la muerte del niño.
La Fiscalía deberá exponer ante un juez los hechos jurídicamente relevantes que atribuye a Luis Óscar Galvis Mateus, Nelson Ramírez Plaza, Jéssica Paola Triana y Diana Marcela Caballero, así como explicar por qué considera que sus actuaciones u omisiones podrían configurar el delito de homicidio culposo.
Será el juez quien deberá garantizar los derechos de las partes durante la diligencia. La investigación sobre la muerte y la relacionada con la posible filtración o manipulación de la historia clínica tienen objetos jurídicos distintos, aunque ambas se originaron en los hechos que rodearon el caso de Kevin.
Seis meses después de la muerte del menor, el expediente que comenzó como una denuncia por las dificultades para obtener un medicamento pasó a involucrar a exdirectivos de una de las EPS más grandes del país, funcionarios públicos y actuaciones que alcanzaron al despacho del entonces presidente de la República.