El presidente Gustavo Petro lanzó una fuerte ofensiva contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes recientemente aprobaron la apertura de una investigación formal a su campaña por presunta violación de los topes financieros en las elecciones presidenciales de 2022. En una entrevista con Chía Radio 24, el mandatario no solo cuestionó la legitimidad del proceso en su contra, sino que también lanzó descalificaciones personales contra los magistrados implicados.
“Estos son personajes nefastos que vienen de la política tradicional. Tenemos a César Lorduy, acusado de asesinar a una novia en los años 70; a Álvaro Hernán Prada, que está siendo investigado por la Corte Suprema por presunto soborno a testigos para favorecer a Uribe; y a Maritza Martínez, que hasta hace poco era esposa de un jefe paramilitar”, afirmó Petro en la entrevista.
El origen de la polémica radica en que el CNE, por mayoría con 7 votos y 2 salvamentos de voto, decidió abrir una investigación que podría derivar en sanciones a la campaña de Petro por haber sobrepasado los límites de gasto permitidos en ambas vueltas presidenciales, por más de $5.355 millones. Según el organismo electoral, además de Petro, están bajo investigación Ricardo Roa, gerente de campaña; Lucy Ayde Mogollón, tesorera; y los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus.
«Si van a tumbarnos del Gobierno, vamos por el poder»
En medio de la creciente tensión, Petro también aprovechó para anunciar una movilización popular, organizada por la Asamblea Nacional Popular, la cual sería, en sus palabras, una respuesta al intento de sacarlo del poder. «Si van a tumbarnos del Gobierno, vamos por el poder», advirtió el presidente, sugiriendo que se están preparando para un escenario en el que su mandato sea interrumpido. Aunque el CNE no tiene facultades para destituir al presidente, el discurso de Petro estuvo marcado por una narrativa de conspiración y «golpe de Estado» encubierto.
La apertura de esta investigación pone nuevamente bajo los reflectores el financiamiento de las campañas políticas en Colombia. Aunque la sanción máxima sería una multa o la devolución parcial de los recursos.