La Contraloría General de la República ha dado a conocer un escandaloso caso de pérdida millonaria en la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) y el Ministerio de Defensa, lo que ha llevado a la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal. Según la investigación de la Contraloría, se estima que el patrimonio público ha sufrido un daño de $543 mil millones debido a una serie de irregularidades.
La situación se desencadenó cuando CREMIL realizó una transferencia de derechos de propiedad a una Sociedad Fiduciaria sin recibir, en el plazo acordado, la torre 2 y 289 estacionamientos que equivalen a 16 mil metros cuadrados en el proyecto denominado «América Centro de Negocios». Esta acción, claramente contraria a los intereses del Estado, ha dejado al descubierto la falta de exigencia de garantías por parte de CREMIL para proteger los activos públicos involucrados en la transacción.
La responsabilidad fiscal recae no solo en CREMIL y el Ministerio de Defensa, sino también en los altos mandos militares y funcionarios civiles que formaban parte del consejo directivo de CREMIL. Un contralmirante y varios generales de las Fuerzas Militares, así como representantes de la Fuerza Aérea, han sido vinculados a este proceso de investigación que busca determinar las responsabilidades y tomar las medidas necesarias para resarcir el daño ocasionado.
Ante esta situación alarmante, la Contraloría ha tomado medidas cautelares. Se han emitido órdenes contra el Fideicomitente del fideicomiso de administración inmobiliaria «América Centro de Negocios» y la sociedad fiduciaria involucrada en el caso, así como contra cinco compañías aseguradoras. Estas medidas buscan asegurar que el patrimonio público sea debidamente compensado.
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Además de las medidas cautelares adoptadas, la Contraloría General de la República ha anunciado que se intensificarán las investigaciones y auditorías en el ámbito de las instituciones públicas relacionadas con la administración de fondos y patrimonio. Se busca prevenir y detectar a tiempo cualquier irregularidad que pueda comprometer la hacienda pública y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
