La Fiscalía imputará cargos contra el gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión. Los hechos investigados están relacionados con un contrato firmado en abril de 2020, que tenía por objeto garantizar el suministro de elementos de bioseguridad para atender la emergencia por el COVID – 19.
Según la investigación, el mandatario celebró el contrato, por más de 220 millones de pesos de manera directa y en medio de varias posibles anomalías como: ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación de los artículos; presuntas falsedades en la etapa precontractual y falta de idoneidad del contratista.
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El gobernador Ariel Palacios no habría verificado el cumplimiento de requisitos esenciales, como son: publicar el contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) dentro de los tres días después de la celebración. El material de prueba indica que esto, al parecer, se hizo tres meses después.
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