El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, ordenó un seguimiento permanente intersectorial a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).
Con el objetivo de determinar el sustento económico, técnico y jurídico que ha motivado las recientes intervenciones a empresas prestadoras de servicios de energía y gas en el país.
La medida, tomada en el marco de las funciones preventivas de la Contraloría General de la República (CGR), responde a la falta de claridad sobre las justificaciones que han sustentado dichas decisiones por parte de la SSPD. Según el jefe del ente de control fiscal, la situación genera preocupación, pues podría tener consecuencias negativas sobre la continuidad del servicio, la confianza de inversionistas extranjeros y el uso eficiente de recursos públicos.
“Estas decisiones deben estar debidamente soportadas, ya que se trata de servicios esenciales que afectan a millones de usuarios y comprometen importantes recursos del Estado”, advirtió Rodríguez Becerra. La incertidumbre que generan las tomas de posesión y otras medidas adoptadas sin explicación suficiente, —dijo—, activa las alertas institucionales frente al cumplimiento del deber constitucional de garantizar la correcta prestación de los servicios públicos domiciliarios.
Como respuesta inmediata, el Contralor impartió instrucciones a los contralores delegados para los sectores de Minas y Energía y de Vivienda y Saneamiento Básico, para que adelanten un seguimiento articulado y permanente sobre las actuaciones de la Superintendencia. Esta vigilancia permitirá analizar a profundidad las decisiones tomadas, establecer su legalidad y pertinencia, y determinar si existen posibles responsabilidades disciplinarias o fiscales.
Articulación con la Procuraduría y mesa técnica con el Gobierno
En concordancia con la Circular Conjunta No. 006 del 29 de abril de 2025, el Contralor también anunció una articulación directa con la Procuraduría General de la Nación, con el fin de evaluar conjuntamente si hay lugar a acciones disciplinarias o fiscales por las decisiones adoptadas por la Superintendencia.
Para avanzar en este análisis, la CGR y la Procuraduría convocaron una mesa técnica conjunta, que se realizará el próximo 10 de junio. En este espacio se revisarán de manera integral las problemáticas estructurales que afectan la prestación del servicio de energía eléctrica y gas domiciliario en el país.
A esta reunión asistirán representantes de los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público, así como de la Superintendencia de Servicios Públicos, y delegados de los gremios del sector energético. El propósito es abordar el tema desde una mirada técnica, con enfoque preventivo, y avanzar hacia la identificación de soluciones sostenibles que permitan fortalecer la gobernanza en el sector y proteger el interés público.
La Contraloría reiteró que el control fiscal debe estar al servicio de los ciudadanos y que es responsabilidad de las entidades garantizar decisiones transparentes y fundamentadas, especialmente en sectores estratégicos como el de los servicios públicos domiciliarios. En este contexto, se mantendrá la vigilancia constante sobre el desempeño y las decisiones de la SSPD, en aras de proteger la continuidad del servicio, la estabilidad financiera del sistema y la confianza en las instituciones públicas.
