Una vez más, Colombia se encuentra atrapada en el espiral del horror. Es como si el País hubiera tomado una máquina del tiempo hacia el pasado, hacia esos tiempos oscuros, donde los asesinatos, el desplazamiento forzado y el terror eran el pan de cada día.
Es el presente que nos golpea con cifras que hielan la sangre y con un Presidente que está más interesado en viajar o ‘’escapar’’ que en enfrentar el desangre Nacional.
En la región del Catatumbo, en Norte de Santander, la situación es alarmante. La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó que más de 36.000 personas han sido desplazadas forzosamente debido a las amenazas y debido a la violencia de grupos armados ilegales como el ELN. Decenas de víctimas mortales y comunidades enteras confinadas, sin escape posible. Una catástrofe humanitaria que, lejos de ser una sorpresa, era tan predecible como la inacción del gobierno ante ella. «Tristemente era esperable», dijo Marín Ortiz. ¿Esperable? Tal vez, pero no inevitable. La violencia en el Catatumbo no estalló de la noche a la mañana. El Gobierno ha dejado que esta violencia se cocine, mientras en las mesas de negociación de PAZ con el ELN hablaban de negociaciones, por detrás, este grupo armado se fortaleció; mucho lo advertimos, pero el gobierno fue indiferente ante nuestras denuncias. Ello les ha permitido consolidar el negocio del narcotráfico, el cual en ocasiones se ve amenazado por las disidencias de las FARC.
Sin embargo, todo parece indicar, que la guerra que ha activado el ELN en el Catatumbo en contra de dichas disidencias va mucho más allá de una simple venganza por el control del negocio del narcotráfico. La dictadura de Venezuela, en alianza con el Ejército de Liberación Nacional, pretende imponer un control en la frontera y proteger su retaguardia, con ocasión de la inestabilidad institucional que se vive en dicho País.
Mientras miles de Colombianos huyen de sus tierras o lloran a sus muertos, el Presidente Gustavo Petro se pasea por el Caribe. Viajo a República Dominicana donde lo recibió el Vicepresidente de ese País y luego a Haití; pronunció un discurso digno de una novela rosa: “Colombia es el corazón de la vida”, dijo, pidiendo perdón por cuenta de los colombianos que participaron en el asesinato del presidente haitiano. ¿Y el Catatumbo, Señor Presidente?
¿Dónde está ese corazón suyo cuando se trata de enfrentar las balas y el desplazamiento que asfixian al País?
La paradoja es dolorosa. Mientras Petro predica la paz y la vida en el extranjero, la guerra y la muerte se adueñan del territorio que se comprometió a gobernar, jurando cumplir la Constitución y la ley. Su ausencia no es simbólica; es literal. Es un presidente que parece más comprometido con su imagen internacional que con las necesidades urgentes de los ciudadanos que dice representar.
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Y mientras Petro anda en modo poeta, su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, toma medidas en territorio ajeno, amenazando la soberanía estatal —por extraño que suene— para lidiar con la crisis en el Catatumbo. Maduro ha movilizado 150.000 militares y asegura que hay 2.000 hombres armados apostados en la frontera para atender la situación humanitaria y contener la violencia. Además, ha pedido atención especial para los desplazados colombianos que han cruzado la frontera. Sin embargo, lo que se cree, es que no está haciendo otra cosa que defender sus propios intereses asociados al narcotráfico amenazados por las disidencias de las FARC.
Pero las cosas no se detienen ahí. Diosdado Cabello, Ministro del Interior de Venezuela y Teniente Militar, al parecer ha estado en el Catatumbo; así lo afirmó públicamente Maduro. Aunque el Ministro de Defensa Colombiano Iván Velásquez, que se abrazó con su ilegítimo homólogo Venezolano Padrino, dijo que la confusión se presentaba porque también existe una zona del Catatumbo que hace parte del territorio Venezolano. Si es que acaso entró Diosdado Cabello a Colombia, salta la pregunta ¿Con qué permiso ingresó? ¿Con la autorización del Gobierno de Petro? De haber sido así, no solo es preocupante, es francamente escandaloso. Que el régimen tenga “sus narices” tan adentro de Colombia mientras Petro da sermones en el Caribe; es una muestra más de la falta de liderazgo y control de este desgobierno Colombiano. A Petro le interesa más la diplomacia internacional que la soberanía nacional.
En medio de esta tragedia, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, publicó un trino donde aseguró que: ‘’El conflicto armado cambió, ya no hay tensiones entre grupos ilegales y el Estado, derivadas de concepciones de modelos de desarrollo diferentes. Lo que hay ahora es una violencia generalizada. Este hecho, por ser atípico en el conflicto colombiano, requiere de la Conmoción Interior para definir e implementar rápidamente medidas extraordinarias en materia de seguridad y en temas humanitarios y de gestión social”.
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Y yo me pregunto Señor Ministro: ¿Acaso resulta legítimo para el gobierno alegar su propia torpeza? ¿No es acaso el mismo gobierno el que ha manejado los temas de orden público y de seguridad de manera light y con suma irresponsabilidad? deja Usted un vacío de identidad del conflicto y además de Derecho Internacional Humanitario; el Gobierno debe explicar y definir cómo van a actuar y de qué forma actuarán frente al conflicto. En verdad aquí no se registran hechos sobrevinientes; aquí lo que hay puro y físico es Narcoterrorismo.
Colombia necesita medidas urgentes y extraordinarias. Se habla de conmoción interior, de gestión humanitaria, pero el gobierno parece paralizado, incapaz de responder con la rapidez y contundencia que la situación demanda. ¿Qué más hace falta para que el Estado actúe?
¿Cuántas vidas y desplazados deben sumarse a esta guerra en Colombia?
Nuestro País vuelve a la época oscura de asesinatos, desplazamientos y terror. Cada generación de Colombianos parece condenada a vivir el conflicto armado en carne propia, mientras un Estado fallido mira hacia el otro lado.
Las palabras vacías y los viajes presidenciales no aliviarán el dolor ni devolverán la esperanza a quienes han perdido todo. Lo que necesitamos no son discursos sobre corazones ni excusas sobre la complejidad del conflicto. Necesitamos acciones concretas, un liderazgo real y un gobierno que ponga a su gente por encima de su agenda internacional. De lo contrario, seguiremos atrapados en esta pesadilla de horror y de abandono, condenados a repetir nuestra historia de sangre y fuego.
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La declaración del estado de conmoción interior en el Catatumbo y áreas aledañas pone en evidencia, una vez más, la fragilidad de la gestión fiscal del gobierno de Gustavo Petro. Esta crisis humanitaria y de orden público no solo es un reflejo de la histórica desatención a las regiones más vulnerables del País, sino también de la incapacidad del Ejecutivo para prever y gestionar recursos ante situaciones extraordinarias.
El decreto 0062 de enero de 025 detalla el dramático panorama: más de 40.282 desplazados buscan refugio dentro y fuera del País, mientras las instituciones se ven desbordadas y sin recursos suficientes para atender las necesidades básicas de la población afectada. Albergues abarrotados, falta de medios aéreos para evacuaciones y la imposibilidad de identificar a las víctimas en zonas de riesgo son solo algunos de los síntomas de una tragedia que las palabras no alcanzan a describir y mucho menos a dimensionar.
¿Cómo llegamos a este punto? La respuesta es simple: una pésima administración de los recursos públicos. Una errática política pública en materia de seguridad. Este gobierno ha priorizado el gasto en publicidad y propaganda por encima de las necesidades urgentes de los Colombianos. Según datos recientes, la administración Petro ha destinado más de 131.535 millones de pesos en contratos de publicidad y difusión; una cifra que triplica la inversión de 40.000 millones de pesos, realizada por su predecesor, Iván Duque, la cual por cierto también fue demasiado alta. Esto, sumado a casos de corrupción como los de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), deja claro que el enfoque de gasto no está alineado con las verdaderas prioridades del país.
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Mientras tanto, el Presupuesto General de la Nación para 2025 muestra sus costuras. Las restricciones legales e inflexibilidades en el gasto, producto de una planeación deficiente, dificultan el redireccionamiento urgente de recursos hacia el Catatumbo. Este no es un problema aislado, sino el resultado de un modelo de gobierno que carece de visión y responsabilidad fiscal, afectando incluso a los programas sociales que deberían ser la bandera de un gobierno que se autoproclama como defensor de los más vulnerables.
La situación es insostenible. No se trata solo de gestionar una crisis coyuntural; es urgente replantear las prioridades presupuestales del país y garantizar que recursos públicos sean destinados a lo verdaderamente esencial: proteger la vida y la dignidad de los Colombianos.El Catatumbo clama por ayuda, pero también exige una administración que responda con hechos, y no con discursos.
