Hace unos días, el presidente Gustavo Petro sorprendió al país una vez más con un anuncio que ya empieza a sonar como disco rayado: la declaración de una emergencia económica.
Esta vez, la razón es la propagación de la fiebre amarilla, una enfermedad tropical conocida, previsible y, sobre todo, evitable. O al menos lo sería en un país donde el sistema de salud funcionara como debería y no como un laboratorio de improvisaciones políticas. Para Petro, la fiebre amarilla parece haber mutado: no es solo una enfermedad viral, sino también una oportunidad política.
Con su decreto, el presidente busca lo de siempre: recursos sin control, decisiones sin Congreso y reformas por la puerta de atrás. Ya lo intentó en La Guajira, y en el Catatumbo, y ahora le pone la lupa al Tolima. ¿Coincidencia? Difícil creerlo. Porque esta no es solo una historia de salud pública. Es también un retrato de cómo se desdibuja el límite entre la necesidad real y el cálculo político. Primero, debemos hablar de la posibilidad de esta estrategia y por eso debemos revisar lo legal. El artículo 215 de la Constitución permite decretar estados de emergencia cuando se presenten hechos “imprevisibles” que no puedan resolverse con las herramientas ordinarias del Estado.
Pero aquí es donde comienza el problema de Petro: nada de esto fue imprevisible. Desde octubre de 2024, el Instituto Nacional de Salud había lanzado alertas. Ya sabíamos del brote. Ya había vacunación, ya había Puestos de Mando Unificado, ya se hablaba del mosquito Aedes aegypti en zonas cafetaleras.El 13 de noviembre de 2024 -de hecho-, se había declarado la emergencia sanitaria en el Departamento del Tolima. Y, por si fuera poco, el mismo presidente, con su habitual tono triunfalista, dijo a finales de marzo que “el sistema preventivo del gobierno había funcionado en Tolima”.
Entonces… ¿en qué quedamos? Si estaba controlado, ¿por qué ahora el país entero debe entrar en emergencia económica? ¿Por qué el gobierno seguramente necesita modificar tributos y mover presupuesto sin pasar por el Congreso y gobernar vía decreto? ¿Es una medida para combatir un brote o una cortina de humo para echarle mano a los recursos públicos alterando su destinación y sin ningún tipo de control? Si algo ha dejado claro esta situación, es que el Gobierno Nacional está usando al Departamento del Tolima mi Departamento como chivo expiatorio. El presidente no ha podido digerir que la gobernadora Adriana Magali Matiz no se preste para sus espectáculos populistas ni le aplauda sus decretazos vacíos. Desde su firme reclamo en Villa de Leyva Boyacá, hasta su ausencia en el evento de Chicoral, Matiz ha tenido el valor de decirle al Presidente lo que muchos gobernantes regionales no se atreven a hacer, marcando distancia.
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Ese carácter, ese criterio y esa independencia, ha despertado la furia del inquilino de la Casa de Nariño, quien no conforme con el centralismo concebido en nuestro sistema institucional, democrático presidencialista, lo quiere ahora exacerbar, encontrado en la la fiebre amarilla, el más oportuno pretexto para decretar una emergencia económica, vaciando así las competencias ordinarias del Congreso de la República y seguramente también de las autoridades regionales y locales.
Y mientras la gobernadora presenta cifras concretas más de 100 mil vacunas aplicadas, 189 puestos de vacunación activos, $5.500 millones invertidos, el Gobierno Nacional apenas reacciona con declaraciones ambiguas, promesas difusas y una narrativa que se desmorona sola. Porque si la prevención funcionó, como dijo Petro, ¿por qué hoy tenemos más de 70 contagios y 33 muertos y declara emergencia sanitaria?.
La gobernadora no se ha quedado callada. Ha dicho lo obvio pero contundente y poderoso: “Esto no se soluciona con decretos, sino con acciones técnicas y articuladas”. Y tiene razón. No se trata de buscar culpables, sino de trabajar; pero si hay que señalar errores, empecemos por el desgobierno central. Petro ha intentado culpar a las autoridades regionales. Pero los hechos no lo acompañan y si en cambio lo contradicen.
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Desde noviembre de 2024, el Tolima declaró emergencia pública, hizo Consejos de Gestión del Riesgo y desplegó acciones concretas. ¿Qué ha hecho el gobierno nacional además de decir que el problema ya estaba solucionado con su política de prevención?. Para cuando el gobierno nacional apareció en escena el 10 de abril con una declaración oficial; para ese entonces, el brote ya llevaba meses activo y el país ya contaba con 22 muertos.
El epidemiólogo Luis Hernández lo dijo sin rodeos: “No se justifica la emergencia económica porque el problema viene desde tiempo atrás. No es un hecho sobreviniente”. Así de claro. El modus operandi de este gobierno ya es predecible. En La Guajira, la excusa fue el fenómeno de El Niño. El resultado: carrotanques sobrevalorados, corrupción en la UNGRD, y decretos tumbados por la Corte Constitucional. ¿El saldo? Un escándalo que se llevó por delante al director Olmedo López y a su subalterno Sneyder Pinilla. Luego vino el intento en el Catatumbo. Violencia, disidencias, conflictos armados. Y otra vez, la tentación de gobernar por decreto, ahora, el turno es para el Tolima.
La excusa es la fiebre amarilla. Pero la estrategia es la misma: declarar la emergencia, conseguir recursos, esquivar el Congreso y acelerar reformas impopulares. Todo con la excusa de una urgencia que, según lo dicho por el propio Presidente Petro en su consejo de ministros del 26 de marzo, ya había resuelto, lo cual al no ser cierto, amerita como mínimo que asuma la responsabilidad y no que se lave las manos. Más allá de los decretos, lo que asusta es la coincidencia con el calendario electoral. En 2026 habrá elecciones de Congreso y de Presidente.
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¿Y qué mejor forma de allanar el camino que con un estado de emergencia que le permite al Ejecutivo mover fichas sin control, gastar sin rendir cuentas, y hacer campaña desde la burocracia? La fiebre amarilla, entonces, no es solo un problema de salud. Es una coartada. Un caballo de Troya. Un recurso desesperado de un gobierno que no logra sacar adelante sus reformas por el camino institucional, y que ahora busca atajos a través de estados de excepción.
La fiebre amarilla tiene vacuna, tiene tratamiento,tiene protocolos, no es una enfermedad desconocida ni una pandemia sin precedentes, lo que ha faltado aquí no es una declaratoria de emergencia, sino un liderazgo nacional responsable. Uno que no improvise. Que no use la salud pública como trinchera política, que no le mienta al país.
Porque decir en marzo que el brote estaba controlado, y en abril declarar una emergencia sanitaria y ahora una económica; acaso eso no es francamente contradictorio e insultante. Insultante para los médicos que hacen malabares con presupuestos exiguos. Para las gobernaciones que sí han hecho su tarea. Para las familias de las víctimas. Para los ciudadanos que exigen resultados y no discursos. Presidente Petro: nadie puede alegar su propia torpeza, dice el viejo principio jurídico.
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Y en este caso, esa frase le cae como anillo al dedo, porque su modelo de salud preventiva, que tanto ha cacareado, no evitó el brote. Porque su indolencia frente a las alertas del Instituto Nacional de Salud, permitió que la enfermedad se propagara y porque ahora, con el país en alerta, pretende disfrazar de emergencia lo que en realidad es negligencia, no utilice al Tolima como laboratorio de sus ambiciones políticas, no se escude en el dolor ajeno para buscar poder absoluto y sobre todo, no subestime la inteligencia de los Colombianos; ya conocemos sus jugadas.
Ya hemos visto este guión antes y esta vez, no pega, la fiebre amarilla se combate con vacunas, no con decretos, con articulación institucional, no con discursos vacíos, con decisiones técnicas, no con cálculo político y si de verdad quiere proteger la vida de los Colombianos, empiece por respetar las instituciones, por cumplir sus responsabilidades y por dejar de usar cada crisis como plataforma electoral, lo que Colombia necesita es un gobierno que deje de improvisar.
