Cuando los congresistas de oposición nos opusimos a la reforma tributaria aprobada en 2022 con nuestro voto negativo, no lo hicimos con un espíritu dañino ni mezquino; tampoco para evitar que el gobierno nacional recaudara más recursos para financiar su programa de gobierno, su plan de desarrollo y en general su política pública social; lo hicimos porque estábamos seguros y así lo expresamos en su momento, que con mayores impuestos la economía se contrae y el sector productivo se marchita, generando asi justamente un efecto contrario a aquel que se pretende producir.
Es que la salud general de la economía afecta los ingresos fiscales. Durante períodos de altos impuestos, se produce crisis y desaceleración económica, por lo cual los ingresos de empresas y ciudadanos caen, reduciendo como es apenas natural y obvio la recaudación fiscal.
Lo propio ocurrió cuando se discutió el Presupuesto General de la Nación aprobado para la vigencia 2024 por un monto de 502.6 Billones de pesos, lo que significa que el Presupuesto aprobado para este año creció un 18.9% en relación con el Presupuesto aprobado para el año 2023 que ascendió a 423 Billones de pesos.
De entrada, dicho crecimiento se evidenciaba fantasioso e irreal, si se tiene en cuenta, que el desempeño de la economía el año pasado no fue el mejor, lo cual se corroboró cuando este año se conoció que Colombia el año anterior creció apenas un 0.6% lo que significa ni más ni menos que estuvimos no solo muy cerca de una recesión económica, sino que a pesar de ello, el presupuesto de 2024 se disparó casi 30 veces respecto del crecimiento de la economía, lo cual es ilógico.
Vale precisar y reiterar, que el desempeño de la economía del año anterior, tiene como es apenas natural, un impacto serio en los ingresos de la presente vigencia; sin embargo el gobierno nacional ni corto ni perezoso decidió proponerle al Congreso un incremento irreal del Presupuesto, y este – el congreso – decidió comprar dicha propuesta, expresando su equivocada voluntad, a través de las mayorías gobiernistas. Recuerdo que algunos reconocidos, expertos y destacados economistas, pusieron el grito en el cielo, pues es que no se sabía, de dónde saldrían algunos recursos. No faltó quien calificó el Presupuesto de 2024 como una genuina “chambonada”, se trata entonces de la crónica de un bajo recaudo anunciado, que en principio no debería sorprender ni a propios ni a extraños. Ni a gobiernistas, ni mucho menos a quienes representamos la oposición.
El bloqueo, congelamiento o suspensión parcial de algunas apropiaciones de gasto asignadas en el Presupuesto General de la Nación, es apenas un instrumento sensato previsto en el artículo 76 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que se activa, por ejemplo, como en este caso, cuando las estimaciones o expectativas de ingreso proyectado en el Presupuesto, no se materializan. Lo grave en este caso, es que el congelamiento o suspensión, más temprano que tarde se convertirá en recorte definitivo de partidas, pues no hay motivos ni señales que nos hagan pensar, que el recaudo mejorará.
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De hecho, según Fedesarrollo, entre las causas para tomar esta decisión por parte del gobierno que ha prendido las alarmas en la opinión pública nacional, tenemos el bajo recaudo, con una caída del 4.4% anual para el mes de mayo. Y aunque la noticia se matiza y/o suaviza, diciendo que el congelamiento no incluye partidas sobre las cuales no se hayan expedido CDPs, esto es certificados de disponibilidad presupuestal y que no afecta los procesos contractuales en curso, lo que si resulta claro, es que si el aludido congelamiento o suspensión de partidas, termina convirtiéndose en las próximas semanas o meses, como asumo que ocurrirá, en recortes presupuestales definitivos, lo que tenemos, es que una gran parte de las metas, programas y proyectos incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo, se quedarán simplemente en eso, como simples “proyectos”, simples aspiraciones que no verán la luz, y de allí, la gran decepción ciudadana frente a un Congreso que aprobó un presupuesto irreal, y frente a un Gobierno que indujo temerariamente al Congreso de la República a aprobarlo.
Recordemos que la ejecución de algunas carteras, en lo que va corrido del año, como es el caso del Ministerio de la Igualdad y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha sido precaria y errática, lo cual más allá de apreciaciones subjetivas, se demuestra con cifras. Paradójicamente esta subejecución, o mediocre ejecución, termina ayudando al Gobierno Nacional en el marco de esta coyuntura, pues de haber sido diferente, la presión por la falta de liquidez de caja sería mayor. Dicho de otra manera, como la administración Petro no ha comprometido el presupuesto asignado, y buena parte de los procesos contractuales no han tenido inicio y mucho menos se han solicitado y expedido los CDPs correspondientes, el traumatismo será minúsculo para el Gobierno, aunque mayúsculo para la sociedad y especialmente para los sectores más necesitados, que sentirán que habrán jugado con sus expectativas y sentimientos, especialmente, cuando en un no muy lejano termino, repito, el congelamiento de partidas se convierta en recorte definitivo de partidas.
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Y aunque más temprano que tarde, sobrarán justificaciones por parte del gobierno nacional, defendiendo lo indefensable, y hasta endilgando responsabilidades a actores ajenos al gobierno como el Banco de la República por no haber disminuido las tasas de interés al leal saber y entender del gobierno nacional, yo hoy los invito a revisar el pasaje bíblico que enseña: “Vemos la paja en el ojo ajeno, y no vemos la viga en el nuestro”.
Con todo, dable es reconocer que fue el propio Presidente Petro quien sorprendió en la clausura del Congreso de Asobancaria cuando en un aparente acto de contrición dijo: “En el intento de mostrar una reforma exitosa”, el gobierno cometió un error mortal. “Los grandes contribuyentes ya pagaron el impuesto y estamos desfinanciados, así de simple”, refiriéndose al decreto con el cual se anticipó el impuesto derivado de la no deducibilidad de las regalías que debería haberse recaudado en 2024 y no en 2023; frente a lo cual, le recordamos al Presidente Petro, que el error no solo se cometió en Febrero de 2023 expidiendo el decreto al que alude, en el cual anticipó el recaudo de un impuesto que se debería de haber pagado en el 2024, sino que el error partió desde el trámite de la mismísima Reforma Tributaria, muy a pesar de que se le dijo y de que se le advirtió, que prohibir la deducibilidad de las regalías del impuesto de renta era claramente inconstitucional, por violar el principio de justicia y de equidad tributaria, tal como a la postre lo declaró la Corte Constitucional en la Sentencia C-489/23.
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Y ya que el Presidente reconoció el mencionado error, debería también reconocer que en el Presupuesto General de la Nación de 2024 se incorporó una mentira monumental como lo fue presupuestar ingresos considerables del orden de varios billones por concepto del arbitraje de litigios tributarios, aun sabiendo que esto necesitaba previamente una ley de la República, que nunca impulsó como debería, y mucho menos fue aprobada ni siquiera en su primer debate en el Congreso de la República, lo que entre otras cosas denota improvisación del Gobierno, pues luego de presentado el proyecto de ley con mensaje de urgencia en el Congreso, lo retiró.
Finalmente reza el artículo 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto: “Cuando el gobierno se viere precisado a reducir las apropiaciones presupuestales o aplazar su cumplimiento, señalará, por medio de decreto, las apropiaciones a las que se aplican unas u otras medidas”. La gran pregunta que sobreviene entonces es: ¿Las partidas objeto de aplazamiento inicialmente, que seguramente serán luego las mismas objeto de reducción, afectarán únicamente a la Rama Ejecutiva, asumiendo así la responsabilidad que le asiste por haber propuesto un presupuesto irreal y no haber hecho lo necesario y lo suficiente para obtener el recaudo esperado? ¿O acaso aprovechará el Gobierno Nacional la coyuntura para vengarse de la Rama Judicial como lo anunció en noviembre del año anterior cuando justamente se declaró inexequible la prohibición de deducir regalías; ¿o para vengarse de otros órganos como la Procuraduría General de la Nación, con la cual el gobierno tiene evidentes desafectos?
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Resultaría muy grave para el funcionamiento de las instituciones, que el Gobierno Nacional suspendiera o redujera partidas de órganos que en el papel son autónomos e independientes como los que hacen parte de la Rama Judicial, o por ejemplo, La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, estos que hacen parte del ministerio público, o la Auditoría General de la República, y no aplicara dichos correctivos, en su propio gobierno, especialmente en aquellas carteras y entidades que se han caracterizado por no hacer nada y no ejecutar nada. Quizás el gobierno terminaría haciéndoles un favor a dichas instancias administrativas congelándoles el Presupuesto y a la postre reduciéndoselos si corresponde, pues así tendrían para no ejecutar, un pretexto distinto al de su incompetencia.
Por lo demás, estamos en mora como sociedad de revisar los marcos normativos que atentan contra la autonomía e independencia de las ramas y órganos del poder público, pues todo el diseño institucional puede ser borrado de un solo plumazo hoy por hoy, con un simple decreto presidencial, que aplace y/o reduzca sus partidas presupuestales, reduciéndolos a su mínima expresión, sin permitirles desarrollar sus objetivos misionales, cómo dijo el Presidente Petro: así de simple.
