Cuando una propuesta política fracasa en el Congreso, lo esperable en una democracia funcional es que el Gobierno reflexione, dialogue, ajuste el rumbo; pero el presidente Gustavo Petro ha optado por un camino distinto: convertir la insistencia en una supuesta virtud revolucionaria.
Se negó a aceptar el hundimiento de su consulta popular anterior y, a menos de una semana, presentó una nueva. ¿Es legal? Sí. ¿Es legítimo? ¿Es oportuno? Difícilmente.
La Ley Estatutaria 1757 de 2015 que regula los mecanismos de participación ciudadana, no limita cuántas veces puede presentarse una consulta popular. Sin embargo, la Constitución sí establece cómo debe hacerse: el artículo 104 Superior, exige que la solicitud la haga el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, y que tenga concepto favorable del Senado. Pues bien, la nueva propuesta de consulta no fue firmada por el presidente Petro, sino por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien oficiaba como Ministro Delegatario, pero sin la competencia legal para presentar una Consulta Popular.
Los decretos 506 y 528 de 2025 que delegaban funciones presidenciales no incluyen el artículo 104 entre las facultades transferidas. Es decir, el ministro actuó sin competencia, y eso, jurídicamente, se llama extralimitación de funciones. Un error técnico grave y jamás menor, que podría ser suficiente para que el Senado negara nuevamente dicha solicitud, al ser francamente improcedente.
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A lo anterior se suma el contenido de las preguntas. La nueva consulta incluye 16, de las cuales 12 son recicladas de la versión original —que ya fue rechazada— y 4 nuevas relacionadas con el sector salud. Pero algunas de estas preguntas, como la 13, la 15 y la 16, ya están consagradas en el ordenamiento jurídico vigente, y la 14 ya está siendo implementada.
Entonces, ¿para qué preguntarlas? ¿Para validar lo que ya existe? ¿Para utilizar el mecanismo constitucional como estrategia politiquera de campaña?
Uno de los interrogantes que más preocupa es: ¿Está de acuerdo con que el Gobierno Nacional compre o produzca medicamentos? Parece inofensivo, incluso deseable. Pero esconde un debate profundo sobre la estatización de la industria farmacéutica, algo que no se menciona, ni se explica tampoco cómo se financiaría. Es una pregunta capciosa, construida para obtener un “sí” fácil, sin advertir a la ciudadanía de las consecuencias reales.
Petro defiende la consulta como una herramienta democrática. Y lo es. La consulta popular está consagrada en la Constitución y su valor como mecanismo de participación es innegable. Pero eso no significa que su uso sea siempre pertinente o legítimo. La democracia también tiene formas, no solo fines. Repito: formas, no solo fines, y cuando se manipulan las formas para lograr fines personales o electorales, se está desvirtuando la democracia misma.
En su gira por Barranquilla, Petro no habló de razones técnicas ni jurídicas. Habló de traición. Atacó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, y pretendió poner en la picota pública con nombre propio a senadores del departamento del Atlántico que votaron en contra. Los acusó de vender votos, de recibir dinero del narcotráfico, de traicionar al pueblo. ¿Pruebas? Ninguna.
Pero sí muchas advertencias. Les pidió a sus seguidores que no los voten en 2026. ¿Estamos hablando de una consulta popular o de una campaña anticipada con una irrefutable participación en política por parte del primer mandatario de los Colombianos.
La retórica del presidente Gustavo Petro ha escalado a niveles preocupantes. Petro aseguró que si vuelven a hundir la consulta, la presentará una y otra, y otra, y otra vez, hasta que gane. Dijo además que, si lo destituyen, “estallará la revolución” y que apoyará una huelga nacional indefinida. No son frases menores. Son advertencias incendiarias. No a sus contradictores políticos, sino al país entero. Y el trasfondo es claro: si la vía institucional no me sirve, usaré la calle.
Este tipo de discurso no sólo genera odio, sino que desgasta el sistema democrático. Los mecanismos de participación no están para compensar derrotas legislativas, ni para presionar a los poderes públicos a punta de movilización popular. Mucho menos para cubrir de legitimidad lo que ya se ha demostrado inviable.
Más que un instrumento para destrabar reformas, esta consulta constituye un ensayo para medir el músculo político de cara a las elecciones de 2026. Petro sabe que sus reformas no pasarán fácilmente por el Congreso. Sabe también que sus niveles de aprobación no son los más altos. Por eso necesita movilizar sus bases, recrear un escenario de pueblo contra lo que él denomina oligarquía y esclavistas, de quienes él, se declara víctima y víctima del sistema. Es la narrativa que mejor le funciona, pero es también la más peligrosa.
El uso reiterado y caprichoso de la consulta popular no fortalece la democracia, la debilita. Si cada derrota legislativa va a terminar en una nueva consulta, ¿para qué existe el Congreso? Si cada negativa parlamentaria se interpreta como un atentado contra el pueblo, ¿para qué sirve el debate democrático?
La ley sí, pero toda la ley. Petro y su Gobierno tienen derecho a promover mecanismos de participación ciudadana. Pero también tienen el deber de cumplir todos los requisitos legales, y más aún, el deber político de no fracturar la institucionalidad. Hacer uso de competencias que no fueron delegadas, hacer preguntas inoficiosas y/o capciosas, presentar consultas cada semana, y deslegitimar al Congreso de la República no son actuaciones propias de un demócrata. En cambio sí lo son de un tirano. Es sabotear el Estado de Derecho desde adentro. Es destruir la institucionalidad.
La participación ciudadana no puede ser un disfraz para la imposición, ni una excusa para la campaña anticipada. Cuando un líder decide saltarse las reglas para imponer su voluntad, deja de ser un demócrata. Lo que estamos viendo no es una consulta. Es una estrategia desesperada de poder. Y eso, por más constitucional que parezca, es profundamente antidemocrático.
