El abogado de Nicolás Maduro en Estados Unidos, Barry J. Pollack, informó a una corte federal en Nueva York que, por efecto de las sanciones estadounidenses contra el Estado venezolano, el Gobierno de Venezuela no puede pagar los honorarios de la defensa del exmandatario, pese a que —según su versión— la normativa y la práctica institucional venezolana contemplan que esos gastos sean cubiertos por el Estado.
La controversia quedó plasmada en una carta dirigida al juez federal Alvin K. Hellerstein, en la que Pollack sostiene que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) modificó, pocas horas después de emitirla, una licencia que inicialmente habría permitido recibir pagos desde Venezuela para la defensa de Maduro. En ese documento, el abogado afirma que el cambio dejó sin autorización el pago de “costos de defensa” provenientes del Gobierno venezolano.
El punto central: una licencia de OFAC “otorgada y luego modificada”
De acuerdo con Pollack, los abogados de Maduro y de Cilia Flores (también procesada en el caso) solicitaron licencias a OFAC para poder ser contratados y pagados por el Gobierno venezolano sin violar el régimen de sanciones. En su relato, OFAC aprobó ambas licencias el 9 de enero, pero “menos de tres horas después” modificó la relacionada con Maduro, de modo que ya no autorizaba el pago de su defensa por parte del Estado venezolano.
El abogado Barry J. Pollack que lidera la defensa del exmandatario manifestó: “La licencia modificada relacionada con el Sr. Maduro no autoriza la recepción de costos de defensa del gobierno de Venezuela”.
“El abogado explicó que el gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios del Sr. Maduro, que el Sr. Maduro tiene una expectativa legítima de que el gobierno de Venezuela lo haga y que, de otro modo, el Sr. Maduro no puede costear un abogado”.
“En consecuencia, al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los gastos de defensa del Sr. Maduro, la OFAC está interfiriendo con la capacidad del Sr. Maduro para contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, según la Sexta Enmienda, a contar con un abogado de su elección”, agregó.
El abogado señala que pidió a OFAC restaurar la autorización original y que, si no hay respuesta o se niega la solicitud, presentará una moción para pedir intervención del tribunal.
“Interfiere” con el derecho a abogado, según la defensa
Pollack argumenta que impedir el pago estatal afecta la capacidad de su cliente de contratar un abogado y, por tanto, su derecho bajo la Sexta Enmienda a contar con un defensor de su elección. En su planteamiento, Maduro no podría costear la representación legal sin ese mecanismo de pago.
Contexto judicial: cargos federales y próximas diligencias
Según reportes de agencias, Maduro enfrenta cargos federales en Nueva York y se declaró no culpable. La carta del abogado se conoce en un momento en que el tribunal programa las siguientes actuaciones del proceso; medios internacionales informan que la próxima audiencia quedó citada para el 26 de marzo.
Sanciones y “bloqueo” de transacciones: el marco del conflicto
El caso se cruza con el régimen de sanciones de EE. UU.: OFAC es la oficina que administra y concede licencias para permitir transacciones que, de otro modo, estarían prohibidas con Estados o entidades sancionadas. En la práctica, el abogado advierte que, si recibiera pagos sin licencia válida, se expondría a sanciones.
Carta del abogado Barry J. Pollack al juez
Re: Estados Unidos contra Nicolás Maduro Moros, et al. 11-CR-205 S4 (AKH)
Estimado Juez Hellerstein:
El 5 de enero de 2026, escribí, antes de la comparecencia inicial del Sr. Maduro, para informar al Tribunal que tanto el presidente Maduro como el gobierno de Venezuela están sujetos a sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y que los abogados necesitarían obtener una licencia de la OFAC para representar al Sr. Maduro y recibir el pago de los honorarios y costos legales asociados con dicha representación.
En la comparecencia inicial y la lectura de cargos, el Tribunal solicitó a la Fiscalía de los Estados Unidos que colaborara con los abogados defensores en relación con las licencias de la OFAC para garantizar que los abogados puedan representar a sus clientes con celo y dedicación. Los abogados del gobierno señalaron que habían discutido el asunto con los abogados defensores y que informarían al Tribunal si surgía algún problema. El propósito de esta carta es proporcionar una actualización del estado de la cuestión al Tribunal.
El 7 de enero de 2026, los abogados del Sr. Maduro y de Cilia Adela Flores de Maduro, esposa del Sr. Maduro, Primera Dama de Venezuela y codemandada en este caso, solicitaron a la OFAC una licencia.
Según la legislación y la costumbre venezolanas, el gobierno de Venezuela cubre los gastos del Presidente y la Primera Dama. En consecuencia, las solicitudes de licencia buscaban específicamente la autorización para representar a los respectivos clientes y aceptar fondos del gobierno de Venezuela para sus respectivas representaciones.
El 9 de enero de 2026, la OFAC otorgó ambas licencias. Sin embargo, menos de tres horas después, la OFAC, de oficio y sin explicación alguna, modificó la licencia relacionada con la representación del Sr. Maduro (pero no la relacionada con la representación de la Sra. Flores). La licencia modificada relacionada con el Sr. Maduro no autoriza el cobro de los costos de defensa del gobierno de Venezuela.
Posteriormente, la OFAC ha otorgado varias licencias que permiten a ciudadanos estadounidenses realizar transacciones comerciales con el gobierno de Venezuela o entidades estatales venezolanas, en las que la denegación de la licencia carecería de validez constitucional.
