La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sancionó con una multa de 420 euros a un abogado que presentó en un recurso de apelación hasta 48 citas jurisprudenciales falsas, generadas por una herramienta de inteligencia artificial. El tribunal calificó la actuación como una “quiebra del deber básico” que rige el ejercicio de la abogacía y una vulneración de las reglas de buena fe procesal.
El caso se originó tras la interposición de un recurso contra una decisión de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Para sustentar su escrito, el abogado acudió a una herramienta de IA “generalista” a la que solicitó referencias jurisprudenciales que respaldaran sus argumentos. El sistema generó 48 citas con números de sentencia, fechas y supuestos identificadores oficiales. Sin embargo, ninguna de ellas correspondía a Sentencias reales.
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Falta de verificación
En su resolución, los magistrados señalaron que el abogado no realizó “revisión ni verificación ninguna” de las citas aportadas. Según el fallo, el profesional “no contrastó que los números de sentencia, las fechas y los identificadores existieran efectivamente”, ni acudió a bases de datos oficiales, en particular la del Centro de Documentación Judicial (Cendoj), de acceso público y gratuito, para comprobar al menos una de las referencias.
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Para la Sala, esta omisión constituye “una quiebra del deber básico de supervisión humana” que resulta “indeclinable cuando se emplean herramientas de IA en el ejercicio profesional”. El tribunal subrayó que el uso de tecnologías emergentes no exime al abogado de su responsabilidad de verificar la información que incorpora en escritos procesales.
Asimismo, el fallo advierte que la conducta vulnera el Código Deontológico de la Abogacía y supone un “abuso del servicio público de la justicia”, al introducir en el proceso información inexistente que pudo afectar el correcto funcionamiento del sistema judicial.
¿Quiere evitar errores con IA? Así puede prepararse
Casos como el del abogado sancionado en Canarias evidencian que el uso de herramientas de inteligencia artificial sin formación adecuada puede tener consecuencias disciplinarias y económicas.
En un contexto en el que la tecnología está transformando el ejercicio profesional, el sector jurídico en Colombia y América Latina enfrenta nuevos desafíos derivados de la digitalización de los procesos judiciales y el uso creciente de evidencia electrónica. En respuesta a este escenario, llega a Bogotá el curso “IA Estratégica para Abogados”, un campo de entrenamiento intensivo que busca actualizar a los profesionales del derecho en el uso estratégico de la inteligencia artificial.
El programa se desarrollará los días 20 y 21 de marzo de 2026 en la capital del país y propone una inmersión práctica en la aplicación de la IA en litigios, análisis de grandes volúmenes de información y toma de decisiones jurídicas. La iniciativa pretende preparar a los abogados para competir en un entorno donde los datos, la tecnología y la capacidad de análisis estratégico son determinantes.
Entre los ejes centrales del curso se encuentran la integración de herramientas de inteligencia artificial en procesos judiciales y negociaciones, la construcción de sistemas propios de apoyo jurídico y la evaluación técnica y forense de evidencia digital. Más que un taller técnico, el programa se presenta como una formación integral orientada a convertir al abogado en un profesional capaz de anticipar escenarios y fundamentar sus decisiones en análisis de datos.
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El curso será dirigido por Andrés Guzmán Caballero, abogado internacional y estratega en inteligencia artificial jurídica, reconocido por su trayectoria en litigios de alto impacto y por su experiencia como ex Comisionado Presidencial de Derechos Humanos en El Salvador. Los organizadores destacan que el objetivo no es promover el uso superficial de la tecnología, sino consolidar la inteligencia artificial como una herramienta real de ventaja profesional en el ejercicio del derecho.
Sanción con carácter “ejemplarizante”
Al fijar la cuantía de la multa, el TSJC explicó que optó por un criterio “ejemplarizante”. La suma —420 euros— equivale aproximadamente a la mitad del coste anual de una suscripción a una herramienta de inteligencia artificial jurídica especializada. Con ello, el tribunal quiso enfatizar que el uso de soluciones tecnológicas adecuadas al ámbito legal, y no herramientas genéricas, podría haber evitado el incidente.
La Sala también tuvo en cuenta como atenuante que el abogado, una vez advertido de las irregularidades, reconoció los hechos y asumió su responsabilidad de forma expresa ante los magistrados. El tribunal valoró su arrepentimiento como “aparentemente sincero”.
Además de la multa, la decisión fue remitida al Colegio de Abogados correspondiente para que evalúe si procede abrir un expediente disciplinario y “depurar las responsabilidades” que puedan derivarse de la actuación del profesional.
El papel de la inteligencia artificial en la práctica jurídica
En su pronunciamiento, el TSJC dejó claro que no cuestiona el potencial de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico. Por el contrario, reconoció que estas herramientas pueden ser útiles como apoyo en la labor profesional. No obstante, recalcó que el principio de supervisión humana debe mantenerse como eje central.
“La tecnología debe entenderse únicamente como un instrumento auxiliar”, recordó la Sala, advirtiendo que el profesional no puede delegar en el sistema automatizado la toma de decisiones ni depender “ciegamente” de sus resultados.
El caso abre un nuevo capítulo en el debate sobre el uso de inteligencia artificial en el ejercicio del derecho, en un contexto en el que cada vez más profesionales incorporan estas herramientas en su trabajo diario. La decisión del tribunal envía un mensaje claro: la innovación tecnológica no sustituye la responsabilidad ética y jurídica de quien firma un escrito ante un juez.
