El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, confirmó además, que el gestor farmacéutico Cruz Verde suspenderá la entrega de medicamentos a la EPS Sanitas debido a una deuda acumulada.
En una intervención de más de media hora ante la Sala Especial de Seguimiento en Salud de la Corte Constitucional, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió la actuación de su cartera frente al cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), rechazó que exista prueba técnica de una insuficiencia estructural en esa tarifa y sostuvo que una parte central de la crisis del sistema obedece a problemas de administración y gestión del riesgo por parte de operadores privados.
La Corte citó al jefe de la cartera de Salud para evaluar el cumplimiento de las órdenes impartidas en relación con el reajuste de la UPC, luego de que en diciembre pasado se abriera un incidente de desacato por considerar que el ministerio no ha atendido plenamente lo ordenado por el alto tribunal.
La audiencia, convocada como mesa técnica de seguimiento, se centró en uno de los puntos más sensibles del debate sobre el sistema de salud: determinar si el valor que el Estado gira por cada afiliado a las EPS resulta suficiente para cubrir la atención médica, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado.
Qué estudia la Corte Constitucional
La Corte viene examinando si el Ministerio de Salud cumplió las órdenes relacionadas con la revisión, justificación y eventual ajuste de la UPC, en un contexto marcado por el aumento de quejas de usuarios, retrasos en atención, dificultades para asignación de citas y crecientes denuncias por demoras en la entrega de medicamentos.
El alto tribunal ha sostenido que el análisis sobre la suficiencia de la UPC no puede limitarse a ajustes atados únicamente a la inflación y ha exigido al Gobierno una demostración técnica de que la tarifa cubre adecuadamente los costos del sistema. Entre las órdenes impartidas, también figura la presentación de un plan inmediato de acción con diagnóstico, medidas, mecanismos de implementación y criterios de evaluación.
En ese expediente, además, fueron vinculados el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), así como entidades del sector, organismos de control, representantes de pacientes, prestadores, industria farmacéutica y academia. La intención de la Corte es contar con un panorama amplio sobre el estado financiero y operativo del sistema.
La diligencia de este lunes incluyó la participación de entidades como la Adres, la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia Nacional de Salud, entre otras.
Incidente de desacato
Hace cuatro meses, la Corte abrió un incidente de desacato al considerar que no se habían cumplido de manera integral las órdenes relativas a la UPC. En paralelo, compulsó copias a organismos de control e investigación para que revisen posibles incumplimientos.
Ese proceso, se apoya en un documento en el que el alto tribunal advierte que persiste un incumplimiento general en el componente de suficiencia de la UPC y que, hasta el momento, no se ha acreditado de forma concluyente que el valor definido por el Gobierno responda a las exigencias planteadas en decisiones previas.
La tesis del Ministerio: la UPC no puede leerse como una cuenta retrospectiva
Durante su exposición, Jaramillo organizó su defensa alrededor de tres ejes: la suficiencia de la UPC, la calidad de los datos y la necesidad de mirar en conjunto los regímenes contributivo y subsidiado.
Su punto de partida fue una analogía con el mercado asegurador. “Estamos hablando de un sistema de seguros”, afirmó el ministro, al explicar que la UPC funciona como una prima cuyo objetivo es cubrir riesgos futuros que, por naturaleza, no pueden conocerse de manera exacta al momento de fijar la tarifa.
Bajo esa línea, insistió en que la suficiencia de la UPC no puede medirse como una cuenta cerrada hacia atrás, según lo gastado por cada actor, sino como el resultado de un cálculo técnico basado en probabilidades, frecuencias, costos y ajustes de riesgo. “No hay evidencia de insuficiencia de la UPC”, sostuvo.
Jaramillo explicó que ese cálculo incorpora variables como el costo médico incurrido, el costo médico estimado, los impactos de inflación, la frecuencia de uso de servicios, la siniestralidad incluso no reportada y factores de ajuste por riesgo como edad, sexo y zona geográfica. En su concepto, esos elementos conforman un modelo actuarial y no una fórmula improvisada.
En ese punto, rechazó de manera expresa la idea de una “prima retrospectiva”. “Eso no existe ni en la literatura ni en el ordenamiento jurídico”, afirmó el ministro, al sostener que no es jurídicamente acertado recalcular la UPC simplemente a partir de déficits reportados por actores del sistema.
Para reforzar su argumento, acudió a un ejemplo cotidiano: “Ustedes pagan el seguro del carro y luego la aseguradora no los llama a pedir más plata porque la prima no alcanzó”. Con esa comparación, defendió que la UPC debe entenderse como una herramienta de aseguramiento diseñada con base en proyecciones técnicas y no como una bolsa susceptible de ser reliquidada de manera permanente por desajustes operativos.
“Vemos una mala gestión del riesgo en las EPS”
Buena parte de la intervención del ministro estuvo dirigida a cuestionar el manejo que, según dijo, las EPS han dado a los recursos públicos de la salud. En su diagnóstico, la crisis no tiene como origen exclusivo el monto de la UPC, sino las fallas acumuladas en prevención, organización de redes, seguimiento de pacientes y control del riesgo.
“Vemos una mala gestión del riesgo en las EPS”, vino a ser el mensaje central de su exposición. Según Jaramillo, si los operadores hubieran fortalecido controles a pacientes crónicos, prevención de complicaciones y articulación de servicios, la presión financiera sobre el sistema sería menor.
El ministro enumeró varios problemas que, en su criterio, reflejan esa ineficiencia: bajas coberturas, controles insuficientes a pacientes crónicos, hospitalizaciones evitables, redes desorganizadas y auditorías deficientes.
Como respaldo, mencionó varias cifras. “El 17 % de las hospitalizaciones serían evitables, las urgencias duplican las de otros países, solo el 37 % de los pacientes diabéticos recibe control con hemoglobina glicosilada y apenas entre el 58 % y 60 % de los hipertensos está en seguimiento”, señaló.
Para Jaramillo, esos indicadores muestran que el problema no se resuelve únicamente elevando la UPC, sino corrigiendo las fallas estructurales en la administración del riesgo en salud.
El cuestionamiento a las utilidades y a la integración de actores privados
Otro de los pasajes de su exposición fue el cuestionamiento directo a la forma en que algunos recursos del sistema estarían circulando entre actores privados, en especial cuando hay integración entre aseguramiento y prestación.
“Dicen que tienen pérdidas, pero ¿cómo es posible que 150 IPS en 2024 hayan registrado utilidades por 5,7 billones de pesos y que en 2025 esas mismas 150 IPS reporten ganancias netas por 7,1 billones? Entonces hay que mirar a dónde se están yendo los recursos y a quién están alimentando”, afirmó el ministro.
Acto seguido, mencionó un caso puntual: “Sanitas, por ejemplo, en los últimos tres años compró tres clínicas, y así siguen creciendo, con utilidades inmensamente grandes”, dijo.
Con ese señalamiento, el ministro intentó mostrar que la discusión sobre la suficiencia financiera del sistema no puede separarse del comportamiento de algunos actores privados y de la destinación interna de los recursos que reciben.
También cuestionó a sectores gremiales que han pedido un mayor aumento de la UPC. Según afirmó, “representan los mismos intereses” y han concentrado su presión en el reajuste de la tarifa sin revisar a fondo otros problemas del sistema.
El Gobierno insiste en que ha aumentado la financiación
En defensa de la gestión de la cartera, Jaramillo aseguró que el presupuesto en salud ha tenido incrementos relevantes y que el Gobierno sí ha fortalecido la financiación del sistema.
Según expuso, el presupuesto del sector ha crecido 50 %, hasta alcanzar 25 billones de pesos, una cifra que, dijo, representa 1,4 % del PIB. Agregó que la UPC ha tenido un aumento real del 28 %, equivalente a 21 billones de pesos.
A partir de esos datos, sostuvo que no puede afirmarse, al menos con la información que maneja el ministerio, que exista una prueba concluyente sobre la insuficiencia de la UPC. “No hay evidencia de insuficiencia de la UPC”, reiteró.
“Lo que hay es una quiebra sectorial”, expresó Jaramillo, al referirse a una crisis que, a su juicio, no solo compromete la suficiencia de una tarifa, sino el modelo mismo de funcionamiento y control del sistema.
La posición de la Corte y el choque de fondo
La Corte parte de una preocupación distinta: si el valor girado por afiliado no está alcanzando para garantizar oportunamente los servicios, el Estado debe probar técnicamente que la tarifa sigue siendo suficiente o corregirla con prontitud.
El alto tribunal ha venido recogiendo información de múltiples fuentes para establecer si la situación actual responde a una insuficiencia de la UPC, a fallas de flujo de recursos, a problemas de gestión, o a una combinación de todos esos factores.
Ese debate es crucial porque del resultado del análisis podrían derivarse nuevas órdenes judiciales, ajustes regulatorios, obligaciones adicionales para el ministerio y eventuales consecuencias dentro del incidente de desacato abierto contra el jefe de la cartera.
Anuncio de Cruz Verde sobre Sanitas agudiza la presión sobre el sistema
En medio de su comparecencia ante la Corte, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo confirmó además un hecho que agrava la preocupación sobre el acceso a tratamientos por parte de miles de usuarios: el gestor farmacéutico Cruz Verde suspenderá la entrega de medicamentos a la EPS Sanitas por una deuda acumulada.
La advertencia sobre la suspensión en la dispensación de medicamentos ocurre en uno de los momentos más críticos del sistema, cuando aumentan las alertas por barreras de acceso y cuando la Corte justamente estudia si las decisiones adoptadas por el Gobierno han sido suficientes para garantizar la protección del derecho fundamental a la salud.
La situación de Sanitas, además, adquiere especial relevancia por el volumen de afiliados comprometidos y por el efecto que una interrupción en la entrega de medicamentos podría tener sobre pacientes con tratamientos continuos, enfermedades crónicas o diagnósticos de alta complejidad.
Aunque durante la audiencia el centro del debate fue la suficiencia de la UPC, el episodio con Cruz Verde mostró que la discusión sobre la crisis del sistema tiene una traducción inmediata en la prestación efectiva de servicios.
Una audiencia clave para el futuro del sistema
La comparecencia de Jaramillo ante la Corte no fue un trámite menor. Se trató de una audiencia con profundas implicaciones políticas, fiscales y judiciales, en la que el Gobierno defendió su lectura sobre la crisis del sistema, mientras el alto tribunal mantiene abiertas preguntas sobre el cumplimiento de sus órdenes y sobre la sostenibilidad real del modelo.
De un lado, el ministro insistió en que el problema no radica en una insuficiencia demostrada de la UPC, sino en la forma como las EPS y otros actores privados han administrado el riesgo y los recursos.
El resultado de esa revisión será determinante para definir si el ministerio logra desvirtuar los señalamientos de incumplimiento, si se ordenan ajustes adicionales a la UPC y si se adoptan nuevas medidas frente a una crisis que ya afecta de manera directa la atención de millones de usuarios.
