Por Amylkar D. Acosta M.
La transición energética en Colombia no empezó ayer. El país dio un paso anticipatorio desde los años noventa del siglo pasado, cuando impulsó la masificación del gas natural con la política de Gas para el Cambio, promovida por el entonces ministro de Minas y Energía, Guillermo Perry Rubio. Por sus menores emisiones de CO₂ durante la combustión frente al carbón y los combustibles líquidos, el gas se ha considerado un combustible puente de dicha transición.
Otro paso importante fue la expedición de la Ley 697 de 2001, de la cual fui ponente en el Senado de la República. Esta declaró el Uso Racional y Eficiente de la Energía —URE— como un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional. Desde entonces quedó planteado un principio que hoy cobra mayor vigencia: la seguridad energética depende tanto de disponer de energía como de aprovecharla mejor.
A ello se sumaron la Ley 693 de 2001, de mi autoría, que abrió el camino a la incorporación de la mezcla del etanol en la gasolina, y la Ley 939 de 2004, que impulsó los biocombustibles para motores diésel. Se sentaron así las bases de una agroindustria que articula el campo con el abastecimiento energético y la reducción de emisiones.
Próximo a cumplir veintiún años desde el inicio de las mezclas de etanol, el 1.º de noviembre de 2005, este proceso ha contribuido a generar empleo formal e ingresos rurales y a diversificar la oferta de combustibles. Según las cifras sectoriales, los biocombustibles sustituyen alrededor de 18.400 barriles diarios de combustibles fósiles, equivalentes a unos 282 millones de galones anuales, reduciendo las necesidades de importación. Y, de contera, se les atribuye una reducción anual de 3,9 millones de toneladas de CO₂ y de 897 toneladas de material particulado.
No obstante, se ha instalado en el imaginario colectivo la idea de que hablar de fuentes no convencionales de energías renovables —FNCER— equivale a hablar únicamente de energía solar fotovoltaica y eólica. El espectro es mucho más amplio. Y en él la biomasa merece un lugar destacado.
Un estudio publicado en 2022 por investigadores de las universidades Nacional y de Antioquia estimó entre 1.700 y 2.100 MW el potencial de generación eléctrica mediante la gasificación de biomasa residual agrícola, agroindustrial y forestal. Es una estimación técnica para los recursos y la tecnología evaluados, cuya materialización depende de las condiciones de cada proyecto. Aun con esa precisión, la magnitud merece atención.
En este contexto, Colombia incurre en una paradoja difícil de justificar: mientras recurre a las importaciones de gas natural para asegurar su abastecimiento, que ya superan el 40% de la demanda interna, deja sin aprovechar una parte de sus propios recursos energéticos renovablesdisponibles, que están al alcance de la mano.
Los ingenios azucareros demostraron hace tiempo que los residuos agrícolas pueden convertirse en electricidad, en lugar de contaminar con la quema del bagazo. Según las cifras de Asocaña, cuentan con una capacidad instalada de generación de 372,1 MW, de los cuales 179,4 MW corresponden a capacidad excedentaria susceptible de aportar al Sistema Interconectado Nacional —SIN—. En 2025 generaron 1.929 GWh y vendieron al SIN 880 GWh. Para 2028 se proyecta alcanzar una capacidad instalada de 418,2 MW.
Se colige de lo anterior que la caña es mucho más que materia prima para producir azúcar y etanol. El bagazo constituye también un recurso estratégico para el abastecimiento energético nacional. Lo propio puede afirmarse de la palma de aceite, cuyo desarrollo ha encontrado en el biodiésel un importante impulso. Sus plantas de beneficio producen fibra, cuesco, racimos vacíos y efluentes que pueden aprovecharse para generar calor, electricidad y biogás. Las estimaciones sectoriales han situado su potencial eléctrico alrededor de los 340 MW. La lección está a la vista: una parte de la energía que necesitamos puede provenir de los subproductos de nuestras propias actividades productivas. Aprovecharla permite agregar valor en el campo y diversificar aún más la matriz eléctrica.
Hagamos un ejercicio ilustrativo. Si una capacidad de 340 MW operara con un factor de utilización del 40 %, produciría aproximadamente 1,2 TWh de electricidad al año. Si esa energía sustituyera generación térmica a gas, podría reemplazar el consumo de entre 23 y 33 millones de pies cúbicos diarios, dependiendo de la eficiencia de las plantas desplazadas.
Con todo, el ejercicio permite apreciar la dimensión de la oportunidad. Bajo un supuesto de precios de entre US$10 y US$15 por MMBTU, el valor del combustible potencialmente sustituido podría superar los cien millones de dólares anuales en algunos escenarios. Ese monto es un ahorro bruto de combustible, del cual habría que descontar los costos de inversión, recolección, transporte y operación de los proyectos.
La biomasa ofrece una ventaja relevante: puede almacenarse, con las condiciones y los costos que ello exige. Cuando se asegura un suministro sostenible de materia prima, permite programar la generación y complementar las fuentes variables. Colombia necesita del sol y del viento, pero también necesita energía cuando estos recursos escasean. La caña y la palma podrían fortalecer una red de cogeneración y generación renovable distribuida entre las regiones productoras. Su desarrollo puede generar nuevos ingresos, reducir problemas asociados al manejo de residuos, crear empleo rural y fortalecer las economías regionales.
Para convertir ese potencial en electricidad se requieren proyectos viables, acceso a las redes y condiciones de contratación que permitan financiar las inversiones. También es indispensable garantizar el abastecimiento de biomasa sin comprometer la fertilidad de los suelos ni desconocer sus otros usos productivos. El potencial existe; corresponde crear las condiciones para aprovecharlo.
Bogotá, octubre 17 de 2026
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