Colombia dio un paso clave en la lucha contra la corrupción con la presentación del Proyecto de Ley 476 de 2025, una iniciativa que busca proteger de manera integral a las personas que reporten o denuncien presuntos actos de corrupción, evitando represalias que pongan en riesgo su vida, estabilidad laboral o bienestar económico y psicosocial.
El proyecto, conocido como la “Ley Jorge Pizano”, fue socializado en el Congreso de la República y es liderado por el ministro de Justicia y del Derecho, Andrés Idárraga Franco, junto con la senadora Clara López y las representantes a la Cámara María del Mar Pizarro y Catherine Juvinao.
La iniciativa establece normas y mecanismos para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de los denunciantes y de sus familias, en un contexto en el que el temor a represalias ha sido una de las principales barreras para combatir la corrupción en el país.
Entre las medidas más relevantes se encuentra la creación del Sistema Unificado de Protección a Reportantes y Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC), que será coordinado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y contará con la vigilancia de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
El proyecto contempla además medidas provisionales de emergencia, como reubicación temporal y apoyo económico de entre uno y tres salarios mínimos mensuales, así como la creación de un fondo para la protección y reparación de denunciantes y personas afectadas por actos de corrupción. Su ámbito de aplicación cobija tanto a ciudadanos particulares como a servidores públicos que se encuentren en riesgo por denunciar irregularidades.
La iniciativa cuenta con concepto favorable del Consejo Superior de Política Criminal, análisis fiscal del Ministerio de Hacienda y ha sido socializada en distintos foros ciudadanos. Además, ya había sido aprobada en primer y segundo debate durante la legislatura anterior, lo que evidencia un respaldo político significativo.
El ministro Andrés Idárraga destacó que el proyecto es una herramienta fundamental para enfrentar el miedo que, según afirmó, imponen las redes de corrupción en los territorios. “Esta iniciativa busca proteger no solo a los trabajadores que denuncian a sus superiores, sino a cualquier ciudadano que decida dar un paso al frente contra la corrupción”, señaló.
El proyecto se fundamenta en estándares internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, y toma como referencia experiencias exitosas de otros países que han fortalecido la protección a denunciantes como mecanismo para reducir la impunidad.
Con esta iniciativa, el Gobierno reafirma su compromiso con la transparencia y con la protección de quienes, con valentía, contribuyen a denunciar y erradicar la corrupción en Colombia.
