
En una audiencia judicial desarrollada en Bogotá, Juliana Guerrero, quien alcanzó notoriedad pública durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, aceptó su responsabilidad en el delito de fraude procesal por haber utilizado títulos académicos obtenidos de manera irregular para aspirar a un cargo de alto nivel en el Ministerio de Igualdad.
La diligencia, que puede ser consultada en el canal de YouTube de Focus Noticias, marcó un nuevo capítulo en uno de los escándalos más sonados relacionados con presuntas irregularidades en la acreditación de estudios académicos dentro de la administración Petro.
Como resultado de un preacuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la Nación, Guerrero aceptó los cargos y recibirá una condena de 36 meses de prisión, además de una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante dos años y medio.
Los títulos que originaron el escándalo
La investigación estableció que la Fundación Universitaria San José le otorgó dos títulos académicos: uno como tecnóloga y otro como contadora pública.
Según la Fiscalía, aunque Guerrero había cursado ocho semestres en una universidad del departamento del Cesar, nunca culminó los requisitos exigidos para obtener las titulaciones otorgadas posteriormente por la institución educativa de Bogotá.
La fiscal del caso, Jessica Montealegre, sostuvo durante las actuaciones judiciales que la hoy procesada era plenamente consciente de las irregularidades.
«Juliana Guerrero sabía de lo fraudulento de los medios que utilizaba para la consecución del fin. Tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos pues nunca cumplió con los requisitos que se exigen para la expedición de los mismos», afirmó la representante del ente acusador.
La funcionaria agregó que la procesada utilizó dichos documentos para acreditar requisitos profesionales ante el Gobierno Nacional.
«Ella lo sabía y aun así decidió, de manera libre y voluntaria, anexarlos en su hoja de vida con el propósito de engañar al servidor público nominador del Ministerio de Igualdad«, sostuvo la Fiscalía.
Lo que reveló la Fiscalía en la audiencia
Durante la diligencia, la Fiscalía recordó varios de los hallazgos que sustentaron la investigación.
Según el ente acusador, Guerrero no cumplió actividades académicas esenciales para obtener los títulos cuestionados.
«Juliana Guerrero no fue a clase nunca, no presentó exámenes, no presentó las pruebas del Icfes«, aseguró la fiscal durante la audiencia.
“Juliana Guerrero sabía de lo fraudulento de los medios que utilizaba para la consecución del fin. Tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos pues, tal y como se anotó, nunca cumplió con los requisitos que se exigen para la expedición de los mismos. Ella lo sabía y aun así decidió, de manera libre y voluntaria, anexarlos en su hoja de vida con el propósito de engañar al servidor público nominador del Ministerio de Igualdad», afirmó la fiscal.
Inicialmente, la joven se había declarado inocente durante las diligencias realizadas ante un juez de control de garantías. Sin embargo, tras las negociaciones adelantadas con la Fiscalía, decidió aceptar su responsabilidad y acogerse a un preacuerdo que le permitió obtener una reducción de la pena.
La confesión de Juliana Guerrero
Uno de los momentos más significativos de la audiencia ocurrió cuando el juez le concedió la palabra a la procesada para manifestar si aceptaba los términos del acuerdo.
Frente al despacho judicial, Guerrero reconoció expresamente su conducta.
“Admitir que realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el Sigep y presentar los documentos al Ministerio de la Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo”.
Posteriormente ofreció una declaración en la que pidió perdón públicamente por sus actuaciones.
“Hoy frente al país quiero reconocer con profundo dolor que me equivoqué y que estoy sinceramente arrepentida. No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones”.
También dirigió disculpas a quienes confiaron en ella y a la comunidad educativa involucrada en el caso.
“Pido perdón al país, a mi familia, a quienes confiaron en mí, a los jóvenes que alguna vez me vieron como referente”, expresó.
El preacuerdo y la reducción de la pena
Como parte de la negociación judicial, la Fiscalía aplicó una disminución en el grado de participación de Guerrero, pasando de autora a cómplice para efectos de la condena.
Durante la audiencia, la fiscal explicó los alcances del acuerdo.
“Aceptó los términos de la negociación así como los cargos en la formulación de imputación refrendados en el escrito de acusación por el delito de fraude procesal”.
Gracias a esa negociación, la pena quedó establecida en tres años de prisión, una sanción significativamente inferior a la que habría enfrentado de continuar el proceso hasta juicio.
La Procuraduría General de la Nación manifestó su conformidad con el preacuerdo, al igual que los representantes de la Fundación Universitaria San José.
¿Quién es Juliana Guerrero?
Juliana Guerrero se convirtió en una figura conocida a nivel nacional luego de aparecer públicamente en reuniones y actividades del gobierno de Gustavo Petro. Su nombre tomó relevancia después de que el entonces presidente la destacara durante un consejo de ministros televisado, convirtiéndola en una de las jóvenes funcionarias con mayor visibilidad dentro de la administración.
Sin embargo, su ascenso en la esfera pública quedó empañado por las investigaciones que revelaron presuntas irregularidades en la obtención de dos títulos académicos expedidos por la Fundación Universitaria San José.
La controversia estalló cuando las autoridades descubrieron que los documentos académicos utilizados por Guerrero para respaldar su hoja de vida no cumplían los requisitos legales exigidos para su expedición.
Otro condenado por el mismo escándalo
El caso no solo comprometió a Juliana Guerrero.
Las investigaciones también derivaron en la condena de Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José.
De acuerdo con la justicia, Gutiérrez participó en la expedición irregular de los títulos utilizados por Guerrero y aceptó responsabilidad por el delito de falsedad en documento público.
Por estos hechos fue condenado igualmente a una pena de tres años de prisión.
Un escándalo que golpeó la credibilidad institucional
La investigación se convirtió en uno de los episodios más polémicos relacionados con la verificación de hojas de vida y requisitos académicos para acceder a cargos públicos durante el anterior gobierno.
La Fiscalía concluyó que los documentos irregulares fueron incorporados al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) y utilizados para fortalecer el perfil profesional de Guerrero en su aspiración a ocupar un cargo en el Ministerio de Igualdad.
Ahora, con la aceptación de cargos y el preacuerdo avalado por las partes, el proceso entra en su fase final, mientras la justicia deja en firme una de las decisiones más relevantes derivadas del caso de los diplomas falsos que sacudió al Gobierno Petro y a una reconocida institución de educación superior del país.