Ante el debate nacional generado por la decisión del presidente Abelardo De la Espriella de levantar la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego, el Gobierno Nacional salió a aclarar el alcance del decreto y enfatizó que la medida no representa una autorización indiscriminada para que los ciudadanos porten armamento en espacios públicos.
La explicación fue entregada por el vocero presidencial, Miller Soto, quien aseguró que la decisión busca restablecer derechos para ciudadanos que ya cumplen los requisitos legales, sin modificar el principio constitucional que otorga al Estado el control exclusivo sobre las armas.
“Levantar la suspensión general no es autorizar el porte libre de armas. El decreto restablece la eficacia de los permisos individuales que estén vigentes y que cumplan todas las condiciones que ya exigen la Constitución y la ley”, afirmó Soto.
El funcionario recordó que el artículo 223 de la Constitución mantiene intacto el monopolio estatal sobre las armas, por lo que las Fuerzas Militares seguirán siendo las únicas autoridades facultadas para autorizar, negar, suspender o revocar los permisos de porte.
¿Qué cambia con el nuevo decreto?
La medida firmada por el presidente Abelardo De la Espriella pone fin a una suspensión general que durante varios años operó como una restricción casi absoluta para el porte legal de armas en Colombia.
Según explicó el Gobierno, el decreto elimina la obligación de obtener permisos extraordinarios o autorizaciones especiales que eran exigidas durante la vigencia de la suspensión general. Ahora, quienes posean un permiso ordinario vigente podrán ejercer el porte bajo las condiciones legales ya establecidas.
Sin embargo, las autoridades insistieron en que la norma no crea nuevos derechos ni legaliza situaciones irregulares.
“El decreto no subsana irregularidades ni convierte en legales permisos vencidos o suspendidos. Simplemente devuelve eficacia a los permisos que ya cumplen todos los requisitos establecidos por la ley”, precisó la vocería presidencial.
Los requisitos para portar un arma legalmente
El Gobierno reiteró que cualquier ciudadano interesado en obtener un permiso de porte deberá continuar superando estrictos controles administrativos, médicos y psicológicos.
Entre las principales condiciones se encuentran:
- Ser mayor de 25 años.
- No tener antecedentes judiciales.
- Aprobar evaluaciones médicas y psicofísicas.
- Demostrar estabilidad emocional y psicológica.
- Acreditar conocimientos en manejo seguro de armas.
- Obtener autorización expedida por la autoridad militar competente.
- Mantener vigente el permiso correspondiente.
Además, las autoridades podrán negar o revocar los permisos cuando consideren que existen riesgos para la seguridad ciudadana o cuando el titular incumpla los requisitos exigidos.
Quiénes no podrán portar armas
Uno de los puntos que más destacó el Gobierno es que el decreto no beneficia a personas que tengan situaciones jurídicas o administrativas pendientes.
La medida no permite portar armas a ciudadanos que tengan:
- Permisos vencidos.
- Permisos suspendidos o cancelados.
- Armas decomisadas.
- Armas sujetas a procesos judiciales o medidas cautelares.
- Salvoconductos exclusivamente de tenencia, modalidad que autoriza mantener el arma dentro de una propiedad privada, pero no llevarla en lugares públicos.
Asimismo, la Policía Nacional mantendrá todas sus competencias para realizar controles, inspecciones, verificaciones e incautaciones cuando sea necesario.
Las verificaciones continuarán apoyándose en los sistemas de trazabilidad y registro oficiales, entre ellos el sistema SIAEM 2.0, que permite determinar si un arma cuenta con autorización legal.
La justificación del Gobierno
El presidente Abelardo De la Espriella había defendido la expedición del decreto al considerar que la suspensión general terminaba afectando a los ciudadanos respetuosos de la ley mientras las organizaciones criminales seguían fortaleciendo su capacidad de fuego.
“Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar”, expresó el mandatario tras firmar el decreto.
El jefe de Estado también aseguró que la medida cumple una de las promesas realizadas durante su campaña presidencial.
“No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”, manifestó.
No obstante, insistió en que la autorización para portar armas continuará sometida a controles rigurosos por parte del Estado.
El foco sigue siendo combatir las armas ilegales
El Gobierno también presentó cifras para sustentar que la principal amenaza para la seguridad proviene del armamento ilegal y no de las armas registradas legalmente.
De acuerdo con datos oficiales, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026 la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban vinculadas directamente a actividades delictivas.
Más de 12.900 de esos decomisos fueron realizados por la Policía Nacional.
Según el Ejecutivo, entre las armas ilegales decomisadas este año se encontraron:
- 980 vinculadas a disidencias de las Farc.
- 551 asociadas al Clan del Golfo.
- 339 relacionadas con el ELN.
- 380 fusiles y 65 morteros decomisados a estructuras armadas ilegales.
Para el vocero presidencial, estas cifras demuestran que la prioridad debe ser combatir el tráfico ilícito de armamento.
“Una cosa es el ciudadano que cumple los requisitos establecidos por la ley y tiene un permiso vigente expedido por autoridad competente; y otra muy diferente es el arma que circula ilegalmente en las calles y termina en manos criminales. Ahí es donde el Estado tiene que concentrar buena parte de su fuerza”, sostuvo Soto.
Un debate que apenas comienza
La decisión del Gobierno ha generado posiciones encontradas entre dirigentes políticos, expertos en seguridad y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Mientras sectores afines a la administración De la Espriella consideran que la medida fortalece el derecho a la legítima defensa y corrige una restricción que afectaba a los ciudadanos respetuosos de la ley, sus críticos advierten sobre los posibles riesgos de una mayor presencia de armas en espacios civiles.
Por ahora, el Gobierno insiste en que el decreto no representa una liberalización del porte de armas, sino el restablecimiento de permisos legales bajo estricta supervisión estatal. Con ello, la administración busca diferenciar claramente entre quienes cumplen los requisitos exigidos por la ley y las organizaciones criminales que continúan alimentando la violencia mediante el uso de armamento ilegal.