Corte Constitucional avaló el proyecto de Ley que ordena la presencialidad en las audiencias, por lo que los juicios virtuales en materia penales se acaban.
Los abogados penalistas del país le habían solicitado al Alto Tribunal y al Ministerio de Justicia continuar con las audiencias virtuales, ya que se desmostró que eran más eficientes y ayudaban a la descongestión judicial. Además de la reducción de costos para la Rama Judicial y el Estado.
La Corte Constitucional por medio de la Sentencia C-134 del 3 de Mayo de 2023, declaró exequible ( es decir ajustado a la constitución)el artículo 63 del Proyecto de Ley 295/2020 de Cámara, acumulado con los proyectos 430 y 468 /2020 de Cámara y 475/ 2021 de Senado que reforma la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, y en el cual se hace referencia a la presencialidad en las audiencias.
Vea en exclusivo para Focus Noticias la entrevista con Francisco Bernate, Presidente del Colegio de Abogados Penalistas:
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Según el fallo de la Corte, la regla general, será el juez del caso, en materia civil, familia y contenciosa administrativa deberá establecer de acuerdo a su autonomía si las audiencias se hacen de manera presencial o virtual.
Sin embargo en justicia penal el juicio oral, deberá hacerse presencialmente, es decir la toma de testimonios de testigos, pruebas periciales y audiencias del juicio deberán las partes juez, fiscalía, procesados, víctimas y testigos entre otros estar de manera presencial.
Esta decisión no incluye las audiencias preliminares de un proceso penal o las audiencias preparatoria de juicio, en donde el juez podrá determinar si el caso se tramita de manera virtual o presencial.
La corte en su decisión también señala que esta regla también tiene una excepción, como por ejemplo que el juez determine que puede hacerse virtual por razones de fuerza mayor acreditada, por ejemplo, una pandemia o casos en los que los intervinientes se encuentren fuera del país.
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Al respecto el abogado penalista Francisco Bernate, Presidente del Colegio de Abogados Penalistas expresó su desacuerdo y argumento las consecuencias que trae esa decisión tanto para los profesionales del derecho como para la Rama judicial.
