El general (r) de la Policía Nacional, Humberto Guatibonza, fue absuelto por el Juzgado 35 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, en el proceso que adelantaba la Fiscalía por supuestas interceptaciones ilegales a políticos, empresarios y abogados. En la misma decisión también fueron absueltos sus exsocios Carlos Arenas y Julián Villarraga, exagente de la Dijín.
Durante la audiencia —transmitida por Focus Noticias— el juez fue enfático al señalar que “la acusación fue profundamente imprecisa y abstracta”, lo que impidió establecer responsabilidades claras sobre los hechos imputados. El oficial en retiro fue procesado por concierto para delinquir, interceptación de datos informáticos y uso de software malicioso, cargos que no prosperaron ante la falta de evidencia concreta.
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“El software Fénix nunca existió”
Uno de los elementos centrales de la acusación, un supuesto software espía denominado Fénix, fue desestimado por el juez. Según se expuso en el fallo, no existe prueba técnica confiable que demuestre su funcionamiento ni su implementación. “No hay información suficiente para establecer qué sistema fue vulnerado, cómo, cuándo, ni quién participó en esa vulneración”, precisó el juzgado.
La Fiscalía señalaba que Guatibonza habría dirigido una red de interceptaciones ilegales a través de una empresa de seguridad, pero durante el juicio no se logró demostrar ni la existencia del software ni la ejecución de dichas interceptaciones. La defensa, encabezada por el abogado Jorge Armando Otálora, denunció que “nunca existió una organización criminal” y calificó el caso como un montaje judicial.
Ascenso que fue truncado
Guatibonza, quien en 2018 figuraba como posible Director de la Policía Nacional o jefe de inteligencia del país, vio truncada su carrera tras ser capturado y procesado por este caso. El general, nacido en Mongua (Boyacá), había tenido una carrera de más de 35 años en la Policía, siendo ampliamente recordado por su rol como director del Gaula Antisecuestro y comandante en varias ciudades.
La decisión judicial también deja sin piso los señalamientos que vinculaban a Carlos Arenas y Julián Villarraga como operadores logísticos de las interceptaciones. Según la Fiscalía, ellos habrían conseguido clientes y supervisado las ‘chuzadas’, acusaciones que tampoco lograron ser probadas durante el juicio.